La Fiscalía Superior de Cataluña tiene previsto presentar una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y varios consellers del Govern por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9 de noviembre en Cataluña. La querella se basará en el papel activo de la Generalitat en el desarrollo de la consulta.
La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirigirá contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega y, posiblemente contra la consellera de Enseñanza, Irene Rigau,
La Fiscalía Superior de Cataluña está trabajando sobre un primer borrador de la querella que le ha remitido la Fiscalía General del Estado, en la que se barajan los posibles delitos por las responsabilidades penales que podrían derivarse de la intervención del Govern en la organización de la consulta del 9N, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Se trata de los delitos de desobediencia (por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta) y prevaricación; o sea, dictar una resolución a sabiendas de su injusticia .
Por el contrario, de la querella que se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quedarán excluidos en principio los responsables de los locales bajo cuya autorización se abrieron el pasado domingo los centros públicos donde se instalaron los puntos de votación de la consulta.
La Fiscalía abrió el pasado sábado diligencias de investigación en relación con el 9N y pidió a los Mossos d’Esquadra que identificaran a las personas responsables de los centros públicos que autorizaron su apertura para la celebración del proceso participativo.
Sin embargo, la policía catalana se limitó a remitir al ministerio público una carta de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en la que ésta afirmaba que no estaba en condiciones de facilitar esas identidades y subrayaba que el Govern asumía la responsabilidad por la apertura de los centros públicos.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que el ministerio público se pronunciará «sin ninguna precipitación» sobre el 9N y ha añadido que «los tiempos de la Fiscalía y de la justicia no son tiempos políticos ni mediáticos».
La querella de Fiscalía podría acumularse con la denuncia que el sindicato Manos Limpias ha presentado contra Mas y algunos consellers, y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todavía no ha admitido a trámite, precisamente a la espera de que el ministerio público se pronuncie sobre la misma, según las mismas fuentes.
El TSJC deberá decidir también si asume en la misma investigación las denuncias presentadas por formaciones políticas y particulares que se están investigando en juzgados de toda Cataluña por el proceso participativo.
Críticas desde la fiscalía
Algunos miembros de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Cataluña han mostrado su malestar por las supuestas presiones del Gobierno de Mariano Rajoy para que se acelere la presentación de una querella contra Artur Mas y varios miembros del Ejecutivo catalán por supuestos delitos cometidos durante la organización de la consulta alternativa del 9-N. Los fiscales se muestran molestos por “la injerencia” de algunos miembros del PP.
Ante estas críticas y sobre la posible querella que prepara la Fiscalía, el ministro de Justicia Rafael Catalá quiso dejar claro que «el Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía en ningún sentido».
