La puesta en marcha de la anunciada maquinaria legal, en representación de la auxiliar de Enfermería, Teresa Romero, se ha tornado en un «tsunami» de comunicación que ha ocupado la práctica totalidad de medios —televisión, radio, periódicos e Internet— y todas las franjas; mañana tarde y noche.
Un efecto que ha sorprendido desagradablemente a la Comunidad de Madrid (CAM) y, en especial, a la Consejería de Sanidad, “diana” de una demanda, una denuncia y una reclamación patrimonial.
La demanda se dirige contra el actual consejero del ramo, Javier Rodríguez, políticamente achicharrado, por una vulneración del derecho al honor de Teresa. José María Garzón la presentó ante el Decanato de los Juzgados de Alcorcón, Madrid.
La segunda es penal, y es una adhesión a la denuncia presentada por un grupo de médicos, como parte perjudicada, ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Por los fallos en la implementación de los protocolos de seguridad en los contagios por ébola.
La tercera es una demanda patrimonial contra la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la CAM, cuyo titular es Manuel Molina, por el sacrificio de Eskálibur, el perro del matrimonio formado por Teresa Romero y Javier Limón. Si se desestimara dicha demanda, el abogado de la auxiliar procedería a presentar una nueva demanda, esta por la vía contencioso-administrativa por los canales judiciales pertinentes.
Desde la CAM no se entiende que Teresa Romero, a la que se ha salvado la vida con todos los medios públicos que han sido necesarios, ahora haya iniciado esta batalla legal que tiene una evidente vertiente económica. Algunos hablan abiertamente de «desagradecimiento».
Al todavía consejero de Sanidad —ya se le da por «amortizado»— se le exige una compensación de 150.000 euros, la mitad de la cantidad máxima que el Tribunal Supremo considera como tope (300.000 euros).
Una cifra idéntica se solicita por el sacrificio de Eskálibur, dinero que, según el abogado de Teresa Romero, sería destinado en todo o en gran parte, a una o varias asociaciones de protección de animales que, tan bien, se han portado con la pareja en defensa del animal.
La vía penal, la que queda, es susceptible de adquirir vida autónoma, desde el punto de vista de Garzón.
Es una denuncia contra la seguridad de los trabajadores por el incumplimiento de los protocolos de seguridad. En este caso es la justicia la que tiene que poner una cifra compensatoria por lo sucedido.
De acuerdo con fuentes de la Comunidad Autónoma, no se entiende el eco que los medios de comunicación están dando a las pretensiones del representante legal de Teresa Romero, un abogado que se mueve muy bien en ese mundo.
El caso está afectando muy directamente al Partido Popular de Madrid, muy tocado con el estallido de la “Operación Púnica”, que ha puesto tras los barrotes al ex Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y a cuatro alcaldes del PP de la CAM por delitos de corrupción.
Y más, teniendo en cuenta que en el horizonte de seis meses tienen que afrontar las próximas elecciones municipales y autonómicas en las que se lo juegan todo; las más difíciles de la historia reciente del PP. Porque indicarán si se va a producir un cambio político al frente del Gobierno en las elecciones generales, previstas para noviembre de 2015.
Un número de periodistas “cercanos” han sido “tocados” para que articulen, en sus respectivos medios, una visión crítica a las mismas y para que resalten las bondades del esfuerzo realizado para curar a la auxiliar de Enfermería, que todavía sigue reponiéndose en su pueblo Becerreá, Lugo.
Teresa Romero y su marido, Javier Limón, tienen previsto regresar la próxima semana a su casa, en Alcorcón, Madrid, que ha sido limpiada a fondo, eliminándose todas sus ropas, enseres, muebles y colchones, que “se supone” que les serán repuestos por la CAM para entonces.
