El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, ha avisado este miércoles contra cualquier intento de injerencia del Gobierno en el Ministerio Público y se ha preguntado por qué la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tenía información sobre la querella que prepara la Fiscalía sobre el 9N «y por qué la utilizó de esa manera».
«La apariencia de imparcialidad del Ministerio Público es tan importante como la imparcialidad en sí misma y tenemos que lamentar esas palabras«, ha dicho en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press después de que Sánchez-Camacho afirmase el martes que la Fiscalía preparaba una querella contra el presidente catalán por cohecho y malversación.
Este portavoz ha lamentado que se hagan manifestaciones que pueden ser una presión pública a la Fiscalía para que actúe contra la Generalitat, aunque ha dejado claro que no le consta que haya presiones directas y, además, ha explicado que la regulación de la Fiscalía la «blinda» de injerencias en sus decisiones «puramente profesionales».
Por otro lado, ha explicado que durante la jornada de la consulta el pasado domingo en Cataluña los fiscales catalanes no disponían de un criterio previo de actuación, dado que se elevaron consultas a la Fiscalía General según se iban planteando cuestiones en los juzgados. Eso sí, ha añadido que desconoce si hubo una estrategia previa de la Fiscalía General que no se materializase en la actuación directa de los fiscales de guardia.
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Declaraciones de Sánchez Camacho en Tele 5
Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP en Cataluña, analizaba ayer en Tele5 las consecuencias que podría tener la consulta convocada por Artur Mas. «Se va a presentar la querella de la fiscalía y está prácticamente ultimada. Lo del domingo fue una farsa sin consecuencias legales pero se traspasó una línea roja que fue el incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que prohibía al gobierno liderar ese simulacro antidemocrático. Y puntualizaba que «la querella que se va formalizar tiene unas bases jurídicas muy solidas: estaríamos hablando de tres delitos cohecho, desobediencia a los tribunales y malversación de fondos públicos. Artur Mas pensó que se podía burla la ley, la Constitucion y la democracia pero la democracia tiene sus mecanismos y sus tiempos pero es implacable», aseguraba Sánchez Camacho.
