El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Emilio Aragonés Beltrán, se ha salvado de ser juzgado gracias a que el Tribunal Supremo ha ordenado el archivo de la investigación porque considera que el delito está prescrito.
Aragonés había sido acusado de maniobrar en favor de la trama de las ITV de Cataluña, y específicamente de la empresa Certio ITV, S.L. Durante la instrucción, el magistrado siempre negó haber recibido dinero alguno.
Según un auto del Alto Tribunal, el delito fue supuestamente cometido entre 2006 y junio de 2010. Cuando ocurrieron los hechos el delito –negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos- prescribía a los tres años, un periodo que fue cambiado por una reforma legislativa posterior que no afecta a este caso.
El plazo de prescripción del delito, de acuerdo con los cálculos del Tribunal Supremo, comienza el 21 de junio de 2010, que es la fecha en la que fue incautado el último correo. El procedimiento contra el magistrado Aragonés comenzó el 2 de octubre de 2013, es decir, tres años y tres meses y medio después de que estuviera ya prescrito.
Aragonés es el segundo juez investigado en la presunta trama de amaño de licencias. El Supremo ya juzgó y suspendió por dos años al juez del TSJC Joaquín Ortiz Blasco al haber asesorado a empresarios que recurrieron en su sala litigios relacionados con la concesión irregular de licencias de ITV, una trama por la que está imputado el exsecretario general de CDC Oriol Pujol.
