Al conocido empresario jerezano, José María Ruíz-Mateos, de 83 años, y a sus seis hijos varones se les ha abierto un nuevo frente legal. Una nueva querella criminal, esta vez por los supuestos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores que ha admitido a trámite el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón.
Los querellantes son un grupo de trabajadores, entre los que se encuentra Estrella Torres, secretaria y persona de confianza de Ruiz-Mateos durante más de 30 años.
Los hechos, según el texto de la querella presentada por el bufete Legalitas en representación del grupo citado, se remontan al año 2010. Entonces la familia Ruiz-Mateos, con el argumento de “evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente”, y a los que por consiguiente les estaban resultando de aplicación convenios colectivos diferentes, supuestamente decidieron el traspaso de una serie de trabajadores desde empresas solventes del Grupo a otra, llamada Enjambradera SLU, creada para tal fin y carente de activos.
En ese momento se les reconoció la antigüedad y la categoría a todos los trabajadores, pero no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa.
Más tarde, entre los meses de mayo y octubre de 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales “o lo intenten cobrar a través del FOGASA”, como manifiesta uno de sus hijos a través de un correo electrónico.
En ese escenario, los trabajadores sólo podían exigir sus indemnizaciones a la empresa Enjambradera SLU, que era con la que mantenían la relación laboral y que poseía un capital social mínimo de 3.010 euros nada más.
El perjuicio causado a los trabadores demandantes es claro, según la querella, y es el resultado de la “actuación dolosa”, mediante engaño suficiente y abusando de la confianza de los trabajadores en ejecución de un plan premeditamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales.
Esta conclusión encaja dentro de la operativa general del Grupo, que se ha evidenciado en las investigaciones que se están llevando a cabo por el Juzgado Central de Instrucción 5 –cuyo titular temporal es el magistrado Pablo Ruz-, diligencias previas 112/2011, en las que se investiga la emisión de pagarés por la empresa Nueva Rumasa entre 2009 a 2011.
Para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras con supuesto ánimo de evadir las obligaciones fiscales. De estas investigaciones se presume la ingeniería financiera que opera en Nueva Rumasa, presuntamente creando de manera premeditada, y para su beneficio, una falsa apariencia de solvencia de un Grupo que no era tal.
El auto que da por admitida la querella acuerda citar los próximos días en calidad de imputados a Ruiz-Mateos y a sus seis hijos.
