La Audiencia Nacional ha rechazado desbloquear cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas para pagar su defensa y la de su mujer, Rosalía Iglesias, en el caso Gürtel, que ejerce Javier Gómez de Liaño, ante la sospecha de patrimonio oculto y al entender que no atenta contra su derecho de defensa nombrar un abogado de oficio.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Pablo Ruz de rechazar el desbloqueo de fondos de las cuentas bancarias en Suiza del ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas para que éste pueda afrontar los gastos derivados de su defensa.
Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias pidieron en julio que se liberara dinero de estos depósitos para satisfacer las minutas de los abogados encargados de su defensa, Javier Gómez de Liaño y Dolores Márquez de Prado. Ruz se opuso al considerar que el ex tesorero continúa teniendo «un elevado patrimonio oculto que le habría permitido continuar costeando sus diversos gastos».
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel aseguran ahora que no pueden dar a los imputados «otra respuesta» que la que ya han ofrecido en ocasiones anteriores. «Constituye la única válida, ponderada y adecuada para resolver esta controversia», indican.
El pasado mes de octubre los tres jueces ya se opusieron al desbloqueo de 6.000 francos suizos (4.932,40 euros) solicitado por Bárcenas, en este caso para poder litigar en el procedimiento que se sigue en Suiza y evitar así que la documentación obtenida en la causa pueda utilizarse contra él en un futuro juicio oral.
«No podemos perder la perspectiva real y cierta de que el patrimonio se haya embargado e intervenido ante las sospechas fundadas de que proceda de la ejecución de actividades con visos de ilicitud criminal», aseguran en su auto.
El juez instructor rechazó en septiembre «la liberación de fondos» y señaló que «el origen presuntamente ilícito del patrimonio» de Bárcenas, que alcanzó los 48,1 millones de euros en enero de 2008, justifica su «comiso».
En todo caso, «el pago de los gastos de defensa habría de llevarse a cabo una vez satisfechas, entre otros importes, las responsabilidades civiles en que pudieran haber incurrido» los imputados, agregaba. En su caso, el ex tesorero se enfrentaría en el juicio oral al eventual pago de una indemnización de 43,2 millones de euros.
