UPyD ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita una reforma de la Constitución para suprimir el aforamiento de los diputados y senadores y también de los miembros del Gobierno quienes actualmente, en caso de incurrir en delito, son juzgados por el Tribunal Supremo.
En la iniciativa, UPyD propone eliminar dos artículos de la Carta Magna, el 71.3 que establece el aforamiento de los diputados y senadores, y el 102.1 que lo hace con el presidente del Gobierno y los miembros del gabinete.
Para la formación que lidera Rosa Díez, la aparición diaria de casos de corrupción política confirma que en España la corrupción es «sistémica» y se ha convertido en una «plaga» que ha terminado por contaminar a todas las instituciones del Estado «sin excepción».
«Es imprescindible adoptar sin más dilaciones importantes medidas que sean eficaces para prevenir, combatir y condenar la trama corrupta y a todos los que la organizan y se benefician de ella», proclama.
Además, UPyD considera que las medidas deben adoptarse sin dilación, antes de que se ponga en peligro el propio sistema democrático «que tanto esfuerzo nos ha costado construir».
No es la primera vez que UPyD presenta una iniciativa parlamentaria para acabar con el aforamiento de los políticos.
Ya el año pasado, UPyD no consiguió sacar adelante una moción en el Congreso en la que pedía eliminar esta figura para todos los políticos y cargos públicos, unas 10.000 personas, según sus cálculos.
En aquella ocasión, sólo UPyD, la Izquierda Plural, ERC, Na-Bai y Compromís apoyaron la propuesta.
Sin embargo, existe un consenso más o menos generalizado sobre la necesidad de limitar los aforamientos, aunque también surgen diferencias a la hora de restringir una figura que, en el caso de los diputados y senadores, está recogida en la Constitución.
Una opción que manejan los grupos políticos es que el aforamiento se limite a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo y no, por ejemplo, por conducir ebrio, como ocurre ahora.
Otra fórmula podría ser que el parlamentario no estuviera aforado durante la fase de instrucción, de manera que los jueces ordinarios puedan investigar libremente y que la causa sólo pase al Tribunal Supremo cuando se inicie el procesamiento. (EFE)
