Si la intención clara y decidida del Gobierno es llevar a los tribunales a Artur Mas el camino más directo es ordenar a la Abogada del Estado, Marta Silva de Lapuerta, que presente ella la querella ante el órgano competente: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), según han explicado a Confilegal fuentes jurídicas.
“La pista de despegue está más que clara: la Ley de 1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, que es la que le permite llevar a cabo esa acción”, precisaron las mismas fuentes. “Se puede hacer sin la mayor dilación. Pero para eso debe haber una voluntad clara por parte de la Presidencia del Gobierno o del Ministerio de Justicia. Esta es la ‘prueba del algodón’”.
La Abogada del Estado ya hizo acto de presencia en este asunto el pasado 29 de septiembre.
Aquel día se personó ante el Tribunal Constitucional, en nombre del Gobierno, para presentar dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre.
Ese mismo día el Pleno del Alto Tribunal las admitió a trámite y decretó su suspensión.
Por otra parte, desde el punto de vista legal no se comprende la “inacción” del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, delegando la decisión de presentar la querella en la Fiscalía Superior de Cataluña.
En este sentido, Torres-Dulce declaró que será la Fiscalía de Barcelona la que decida si presenta o no una querella contra miembros del Gobierno catalán por la consulta del 9N, a la vez que ha reiterado que se actuará «en los tiempos de la legalidad». Lo hizo en Burgos, durante la clausura del Congreso de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Recordó que el denominado proceso de participación ciudadana del 9N está ya en los tribunales -hay cuatro querellas presentadas por sindicatos, partidos y asociaciones- con independencia de una posible actuación de la Fiscalía.
Como se sabe, en la Fiscalía rige el principio jerárquico.
Si el fiscal general ordena a uno de sus fiscales que acuse a alguien, en la persecución de un supuesto delito, y el fiscal no cumple su orden y la máxima autoridad de la Fiscalía desiste de ello, él mismo podría estar incurriendo en un delito.
“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”, dice el artículo 408 del Código Penal.
El fiscal general del Estado tiene facultades para expedientar administrativamente al fiscal, o a los fiscales subordinados, por desobediencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes contra ellos.
“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”, dice el artículo 408 del Código Penal.
El presidente del Gobierno y el ministro de Justicia no pueden ordenar al fiscal general del Estado a que presente la querella contra Mas, pero pueden instarlo a que lo haga. Para el Gobierno, es más conveniente que sea la Fiscalía General del Estado, que defiende el principio de legalidad, que la Abogacía General del Estado, que sería visto como un escalón menor. ¿Cómo romper este nudo gordiano y que sea la Fiscalía?
Todo un “sudoku” para el Gobierno.
