Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales, el PSOE y el Consejo General de la Abogacía han exigido su inmediata derogación por haber sido redactada solo para «recaudar», en tanto que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a reiterar que está evaluando su impacto por si fuera necesario reformarla.
A los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, continúna las críticas desde todos los sectores. Ayer, el escenario fue el Congreso de los Diputados donde la diputada socialista Rosa Aguilar preguntó al ministro de Justicia sobre este asunto en el Pleno del Congreso, y el ministro Catalá reiteró su «firme» decisión de evaluar el impacto de las tasas y, en su caso, promover una reforma para garantizar los derechos de los ciudadanos de acceso a la Justicia».
De todos modos, Catalá ha incidido en que el Gobierno no contempla el «escenario de derogación» de la ley, aunque sí analizará el efecto de las tasas y su posible reforma con «diálogo y la participación» de todos los agentes profesionales».
Rosa Aguilar le ha recordado al ministro ahora que se cumplen dos años de la aprobación del «tasazo», que el PP votó esta Ley «en absoluta soledad» y con «todo el mundo en contra». Una ley que se hizo para «recaudar» y ha obtenido un resultado, «el de la desigualdad» al haber «atacado un derecho constitucional que se considera como fundamental: el de la tutela judicial efectiva».
Aguilar ha asegurado que el Gobierno tiene la «obligación política, moral y ética de restituir los derechos sustraídos indebidamente a la ciudadanía» .Y ha puntualizado que «solo hay un camino: derogar las tasas, ponerle punto y final y enterrar la ley”.
Coincidiendo con este segundo año de implementación de la Ley de Tasas, el Consejo General de la Abogacía, a través de su presidente, Carlos Carnicer, ha exigido, como viene haciendo desde hace ya dos años la “inmediata retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos”.
Además, desde la Abogacía insisten en que “el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia” y, sin embargo, no se ha recaudado lo previsto por las tasas. Y también critican que “se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita”, algo que han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Para Carlos Carnicer, “los cambios ya anunciados por el ministro a todos los operadores jurídicos –y los que enumeró Rafael Catalá en su comparecencia ante el Pleno del Consejo el pasado día 8 de octubre- van en buena dirección, aunque deben confirmarse, pero no son suficientes”, por eso sigue exigiendo su derogación.
Dos años en la vanguardia de la lucha contra las #TasasJudiciales Tasas no, Justicia para Todos pic.twitter.com/uC5MWbbp28
— Carlos Carnicer (@CarlosCarnicer) noviembre 19, 2014
Además, el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.
