El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consiguió el apoyo de los 24 fiscales presentes en la reunión de la Junta de Fiscales de Sala en su pulso con el fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que éste interponga una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, por su participación en el llamado “proceso participativo del 9N”.
22 de los 24 fiscales presentes respaldaron a Torres-Dulce en su decisión de querellarse contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, tras cuatro horas de reunión.
Los dos “disidentes” fueron Pedro Crespo, fiscal del Tribunal Supremo, y Bartolomé Vargas, jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial.
Crespo planteó ciertas dudas sobre si una resolución del Tribunal Constitucional puede ejecutarse directamente, ya que el Alto Tribunal no forma parte del ordenamiento jurídico.
Vargas, por su parte, argumentó que la Fiscalía debería actuar en apoyo a las 12 denuncias y querellas que se han interpuesto contra Más por la celebración del 9N y que ahora tiene que dirimir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
“La Junta de Fiscales de Sala ha expresado su apoyo de forma muy mayoritaria a favor de la ratificación de formular querella por el llamado proceso de participación ciudadana del pasado 9 de noviembre”, dice una nota de prensa hecha pública tras la reunión.
“En consecuencia, el Ministerio Fiscal emprenderá las acciones oportunas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión celebrada hoy”.
Traducido: que Torres-Dulce ordenará –sí o sí- a José María Romero de Tejada a interponer la querella contra Mas y los dos altos cargos del gobierno autonómico catalán.
En caso de que se negara a hacerlo estaría cometiendo una falta muy grave, contemplada en el artículo 62.2 del Estatuto Fiscal descrita como “El incumplimiento de las órdenes particulares y requerimientos personales dirigidos por escrito”, que podría conllevar, incluso, su traslado forzoso a otro destino, o la suspensión de hasta tres años.
La opinión de la Junta de Fiscales de Sala no es vinculante para el fiscal general del Estado, aunque su respaldo sí le confiere una mayor autoridad moral, porque es el máximo órgano asesor del fiscal general en materia doctrinal y técnica y en todo aquello relacionado con la interpretación y aplicación de la Ley.
Está integrada por 26 fiscales que, en su gran mayoría, fueron designados durante el mandato de su antecesor, Cándido Conde Pumpido. Sólo tres corresponden a su etapa: el fiscal jefe de Siniestralidad Laboral, Anselmo Sánchez-Tembleque; el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Jaime Moreno y el recientemente designado teniente fiscal del Supremo Luis Navajas.
Con este espaldarazo, Torres-Dulce tiene el camino expedito para que su orden finalmente se lleve a cabo.
