La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de 14 altos cargos de Afinsa por su «acreditada» participación en la estafa con la que se generó un agujero de 1.928 millones de euros y que afectó a casi 200.000 personas.
En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal confirma la decisión del instructor Santiago Pedraz procesó a 14 personas por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por mantener un negocio cuya «inconsistencia e inviabilidad» estaba «fuera de toda duda».
Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco (ponente), Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado rechazan los recursos de apelación contra el auto de procesamiento presentado por once de los recurrentes, al considerar que no han aportado «contraindicios de enjundia bastante» que apunten a «un error de apreciación por parte del instructor».
Los magistrados comienzan sus alegatos culpando a la falta de medios del retraso de su resolución, ya que el procesamiento fue dictado por Pedraz en julio de 2013. Esa sobrecarga, según argumentan, es la que les ha llevado también a no poder elucidar «cuestiones tan sustanciales» como la naturaleza mercantil o financiera de la sociedad, el falseamiento contable, su viabilidad o situación de insolvencia.
Pero consideran que todo ello debe aclararse en la fase de juicio oral, ya que no han podido encontrar «la existencia de contra-indicios de enjundia bastante» como para dar la razón a los procesados, cuyos recursos desestiman íntegramente.
«Aun admitiendo la endeblez de algunos indicios en que se sustenta la imputación de algunos recurrentes -endebles, pero indicios-«, la Audiencia Nacional cree que «la depuración última» de su trascendencia penal debe decidirse en el juicio.
Y ello porque, señala, este no es el momento procesal de considerar con «carácter definitivo» si Afinsa fue una «empresa criminal» o precisar el grado de participación en los hechos de sus miembros.
«Ante la acreditada como posible implicación de los recurrentes en los hechos, procede desestimar» sus recursos, concluye.
Los procesados son el expresidente Juan Antonio Cano, y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler, Juan Domingo y Jordi Domingo y al socio auditor de Gestynsa Francisco Blázquez.
Pedraz consideraba como partícipes a título lucrativo a María del Mar Fernández, Felisa Montoro, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro Montoso.
En 59 folios el magistrado relataba toda una operativa piramidal de negocio «ruinoso e inviable» que ocultaron mediante artificios contables, ocasionando un perjuicio de 1.928 millones.
