El Gobierno ha hecho pedagogía pública con el anuncio de la denegación del indulto a Carlos Fabra, el ex presidente de la Diputación de Castellón y ex presidente del PP de esa provincia.
El anuncio lo realizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros. Fabra había sido condenado por la Audiencia Provincial de Castellón a cuatro años de prisión por varios delitos fiscales y, en concreto, por defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1993 y 2003.
El tribunal sentenciador, de la Sala Primera de la Audiencia Provincial, había decidido suspender la condena mientras se tramitaba el indulto solicitado por sus abogados. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado informaron en contra, oponiéndose a demorar su entrada en prisión. Esto provocó grandes críticas desde los medios porque se entendió que suponía un trato de favor.
Rafael Catalá, el ministro de Justicia, ya adelantó el sentido de la decisión del Gobierno en el último Pleno del Congreso de los Diputados: “En ningún caso se concede un indulto que tenga que ver con delitos asociados con la corrupción. Así ha sido en esta legislatura —por cierto, no en las anteriores— y, en todo caso, le aseguro el compromiso de que así lo vamos a mantener”.
Con esta decisión, el Gobierno y el Partido Popular han querido mandar un mensaje claro y transparente: no habrá trato de favor hacia los corruptos.
Carlos Fabra ingresará en los próximos días en prisión.
Otro a los que se ha denegado el indulto ha sido a José María del Nido, abogado y ex presidente del Sevilla C.F., que cumple 7 años de prisión por prevaricación, malversación y fraude.
