El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, y el de Jueces para la Democracia (UpD), Joaquim Bosch, han criticado las «presiones» externas que a su juicio se han dado en la presentación de la querella contra Artur Mas y dos conselleras del Govern.
La querella, que ha sido presentada esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusa al presidente catalán, Artur Mas, a la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y a la consellera de Educación, Irene Rigau, de delitos de prevaricación, desobediencia grave, malversación y usurpación de funciones por la celebración del proceso participativo del 9N.
El portavoz de la UPF ha indicado en una rueda de prensa en Barcelona que la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo es un aval «más que suficiente» para la presentación de la querella por su «contrastada experiencia» y su «libertad de criterio», ya que sus componentes son «inamovibles en sus cargos».
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia ha reconocido que «el fiscal general del Estado es plenamente competente para decidir cuál es la decisión que hay que tomar», aunque ha añadido que no podía «hacer un juicio de valor sin conocer el contenido de la información que maneja la Fiscalía» y ha advertido de que la asociación no está conforme en «cómo ha ocurrido todo».
Joaquim Bosch ha señalado, como hecho más negativo, las constantes «voces y manifestaciones ajenas a los fiscales» que se han oído en los últimos días para «presionar con persistencia» respecto de la decisión que debía tomar un órgano «independiente a cualquier partido político».
En este sentido, Álvaro García ha alertado de la importancia «enorme» que tiene el papel autónomo de la Fiscalía en un Estado de derecho, y ha recordado que esta actividad independiente se debe respetar en todos los ámbitos.
Por otro lado, ha incidido en la voluntad que tenían los fiscales de que el proceso de la querella hubiera sido «sólo de ida» y no «de ida y vuelta», pero ha señalado que una de las fórmulas para tomar decisiones entre fiscales admite «discrepancias», negando así cualquier tipo de división.
«Es evidente que sorprende que existan estas discrepancias tan contundentes entre la Fiscalía General de Cataluña y la del Estado», ha reconocido García, pero ha recordado que los fiscales «no son máquinas automáticas» y pueden tener criterios jurídicos «distintos».
Aunque el portavoz de Jueces para la Democracia ha reconocido la competencia de la Fiscalía General del Estado para presentar la querella, ha recordado al Gobierno que «presionando a la Fiscalía» y por la vía penal no se soluciona este «problema político».
«No se pueden poner dos millones de personas en la cárcel, ni a cargos públicos o voluntarios», ha objetado Bosch, que ha pedido a los partidos políticos «diálogo político» para encontrar «soluciones constructivas y que logren superar el conflicto».
Bosch ha hecho hincapié en mostrarse «preocupado» por la presión «pública» que ha sufrido la Fiscalía, de la que ha recordado que debe ejercer como «órgano independiente jurídicamente».
Respecto al texto de la querella, Bosch ha considerado como un «error» la acusación de delito de desobediencia puesto que el Tribunal Constitucional no produjo «un requerimiento expreso contra una persona concreta», a pesar de que el Gobierno lo reclamó.
En este sentido, Joaquim Bosch ha recordado que el TC se pronunció con una «suspensión de carácter genérico» sin «notificar al presidente de la Generalitat u otros un requerimiento concreto». (EFE)
