El gobierno de la Generalitat ha tildado de «incomprensible» la presentación de la querella de la Fiscalía contra el presidente Artur Mas y dos conselleras por el 9N, mientras el PP ha considerado que con ella se refuerza el Estado de Derecho al quedar de manifiesto que «la justicia debe ser igual para todos».
En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, una de las querelladas, ha manifestado hoy su respeto por la decisión de la Fiscalía, aunque ha considerado «insólita» la disparidad de criterios entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, reticente a actuar contra el Govern por este asunto.
«Estoy convencida de que la Justicia actuará como crea que tiene que hacer», ha señalado Ortega, que ha insistido en esa disparidad de criterios «con la Fiscalía de Cataluña que, en principio, no veía base jurídica de que hubiese delito alguno».
Joana Ortega ha considerado en todo caso «incomprensible» que, «en un Estado democrático, una manifestación pacífica y democrática acabe en una querella criminal».
«Si en un Estado democrático poder facilitar una expresión democrática de la ciudadanía es un acto de desobediencia sí he desobedecido, pero sobre todo lo que ha hecho el Govern es cumplir con un acto de democracia y de libertad de expresión», ha indicado la vicepresidenta.
Joana Ortega ha negado estar sorprendida por la querella, porque fue «anunciada por la presidenta del PPC», Alicia Sánchez-Camacho, a la que ha acusado de erigirse «en portavoz de la Fiscalía».
Por su parte, Alicia Sánchez Camacho se ha mostrado «orgullosa» de la querella presentada por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y ha asegurado en este sentido que «la Justicia debe ser igual para todos».
Sánchez-Camacho ha señalado que «ayer vimos cómo se actuaba desde la Justicia contra el presidente y dos conselleras por saltarse la ley, porque la Justicia es igual para todos», y ha remarcado que «en ese caso han funcionado los tres pilares de la democracia: el Congreso, la Justicia y el Gobierno».
«El Congreso rechazó que una comunidad autónoma pudiese decidir el futuro de España, la Justicia ha dejado claro que nadie puede saltarse las leyes y el Gobierno ha impugnado la primera consulta que se propuso en Cataluña y el simulacro que se hizo después», ha resaltado Sánchez-Camacho.
