El juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid ha desestimado el recurso presentado por Jaume Matas, volviendo a insistir en que en los delitos de corrupción política el fin de la pena prevalece y , en ese sentido, la confianza de los ciudadanos en el propio sistema puede verse afectado por la blandura del castigo.
El juez señala de nuevo que no hay prueba alguna de la reeducación del recluso ni constatación en el cambio de valores e indica como entre el Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, denegando la suspensión de la pena, y la clasificación en tercer grado lo único que media es una petición de indulto, de resultado frustrado, como último intento de no cumplir la pena; un ingreso en prisión en régimen ordinario por escaso tiempo; y una escasa participación en actividades.
Además, frente al argumento esgrimido por Jaume Matas de no considerar los procedimientos del interno anteriores al ingreso en prisión, el auto del magistrado recuerda que la ley prevé casos concretos en lo que estos procedimientos sí que se contemplan pudiendose incluso aplicar el régimen cerrado a los preventivos.
Por último, y en relación a los padecimientos del interno, en el auto se apunta que padecimientos de mucha más entidad que los del interno -incluso con riesgo vital-, son tratados a diario por tales cauces. Es más, la atención médica de la población penitenciaria es mucho más intensa que la de la población en general; sirva de ejemplo el Centro Penitenciario de Segovia, que con una población de menos de 400 internos cuenta, para la asistencia primaria, con cuatro médicos en plantilla, además de un Subdirector Médico, una atención sanitaria impensable para un ciudadano en libertad.
