Han pasado ocho años. Finalmente la investigación de la estafa filatélica Afinsa ha llegado a su fin. Así lo ha concluido el magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional (AN), Santiago Pedraz.
14 directivos de Afinsa tendrán que responder por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. El agujero que supuestamente produjeron fue de 2.000 millones de euros ( 332.000 millones de las antiguas pesetas).
Afinsa fue intervenida judicialmente en 2006.
El juez Pedraz ha dictado un auto, como es preceptivo, dando por finalizado el sumario y remitiéndolo a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la responsable de fijar la fecha para la celebración del juicio.
Pedraz ha dictado un auto en el que da por finalizado el sumario y remite todas las actuaciones realizadas a la sección primera de la sala de lo penal, que será la encargada de celebrar el juicio contra el expresidente Juan Antonio Cano y los directivos Albertino de Figueiredo Nascimento, Carlos de Figueiredo Escribá, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Francisco Blázquez, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler Antich, Juan Domingo Brualla y Jordi Domingo Brualla.
La pasada semana, la Sección Tercera desestimó los recursos presentados por los catorce acusados y avaló la decisión que Pedraz tomó hace más de un año de procesarles por delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.
Y lo hacía «aun admitiendo la endeblez de algunos indicios en que se sustenta la imputación de algunos recurrentes -endebles, pero indicios-«, pero consideraba que «la depuración última» de su trascendencia penal debía decidirse en el juicio.
Con ello, culmina una investigación que se inició en abril de 2006 con la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción y que llevó a la intervención judicial de la sociedad y también la de Fórum el 9 de mayo de ese año.
La estafa de Afinsa, según cálculos de Pedraz, afectó a 190.022 pequeños ahorradores, que invirtieron en sellos, generalmente a partir de 300 euros, con la promesa de que se revalorizarían al menos un 6 % por ciento anual.
Según detallaba Pedraz en el auto de procesamiento, que dictó en julio de 2013, la cúpula de Afinsa desarrolló una operativa piramidal de negocio «ruinoso e inviable» y, a costa de su creciente déficit patrimonial, incrementaron de forma continua sus ventas entre 1998 y 2006, lo cual les permitió mantener el negocio.
«La apariencia empresarial era de una actividad lícita» de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.
«Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ‘ad infinitum’ esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica», decía el juez.
Ello determinó que a 21 de abril de 2006, cuando Anticorrupción presentó la querella que dio origen al procedimiento, Afinsa se encontrase en una situación de «absoluta insolvencia, conocida por los responsables de la compañía, que además se esforzaron en ocultar para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio».
Paralelamente a la investigación penal, el Juzgado de lo Mercantil número 6 tramitaba el concurso de la sociedad, que calificó como culpable el pasado octubre y condenó a Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo y Martín Peña a 15 años de inhabilitación para administrar bienes y a restituir el agujero ocasionado. EFE/EP.
