Torres-Dulce ha enmarcado esta queja en su diagnóstico sobre la «precariedad en la que se mueve la justicia española» a la hora de abordar el fenómeno de la corrupción, y ha añadido que el Ministerio público no cuenta con medios suficientes para abordarla.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha lamentado este miércoles en el Congreso del «excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial», así como la existencia de una «contraproducente juridificación de conflictos políticos».
Durante su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde ha acudido para dar cuenta de la última Memoria de su departamento -con datos de 2013- Torres-Dulce ha inicdido en la «precariedad en la que se mueve la justicia española» a la hora de abordar el fenómeno de la corrupción, y ha añadido que el Ministerio público no cuenta con medios suficientes para abordarla.
Ha advertido además que en muchas ocasiones, los medios personales y humanos no están a disposición de la Fiscalía o la Administración de Justicia, sino que dependen «de otras instancias administrativas que, incluso, en algunos casos, son objeto de la propia investigación.
No obstante, ha anunciado que cree que el Ministerio le proveerá de más plazas y que piensa destinarlas en su mayoría a la Fiscalía Anticorrupción.
En lo que se refiere a tipos penales más representativos, Torres-Dulce ha destacado que la prevaricación administrativa, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, las exacciones ilegales y las negociaciones prohibidas a los funcionarios se incrementaron un 22,54 por ciento en 2013 con una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone un 38,50 por ciento del total de los delitos de corrupción.
Ha añadido que no puede «darse por buena la idea de que las injerencias externas acarreen la salida en falso o el archivo de este tipo de procesos» y que «al final, tras mucho caminar, tras mucha diligencia, se acaba abriendo el juicio y celebrando éste con el resultado de sentencias, de todos conocidas, que suponen un castigo de los hechos»
No obstante, ha indicado que se debe reconocer que la respuesta es lenta y el asunto debe ser abordado «mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político y la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales, personales y normativos, que permitan una respuesta punitiva real y eficaz».
Para Torres-Dulce, la corrupción es una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad, constituyendo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, tal y como se pone de manifiesto en los barómetros. Supone también un «ataque a los pilares del Estado de Derecho que, si no se combate con contundencia, puede generalizarse en la sociedad», ha señalado.
A su juicio, la Administración de Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta adecuada al fenómeno. (EP)
