La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la querella que los sindicatos de Telemadrid presentaron en febrero de 2013 contra el presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez, entonces director general del canal autonómico, por externalizar servicios de retransmisión durante la huelga por el ERE que supuso el despido de 820 trabajadores.
En la querella, archivada el pasado noviembre, los denunciantes acusaban a Sánchez de cometer varios delitos: contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario al autorizar la contratación de la filial de Telefónica TSA para la producción técnica de las emisiones de Telemadrid tras el expediente de regulación de empleo.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial estima parcialmente los recursos de apelación de los sindicatos CCOO y CGT contra el archivo dictado por un juzgado de Pozuelo de Alarcón por considerar que las explicaciones de Sánchez en las que se basó el sobreseimiento provisional de la querella «no han sido suficientemente verificadas». Añade el auto que «la valoración sobre la plena regularidad de la decisión de contratación externa y su justificación, así como el procedimiento para la adjudicación del contrato no ha sido judicialmente verificada».
Tras el despido colectivo de 820 empleados ejecutado en Telemadrid en enero, el canal subcontrató a otra empresa,Telefónica Broadcast Services S.L.U., para la producción técnica de sus emisiones. Los denunciantes entendieron que existió una «cesión ilegal» de empleados que cuestionaba la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos fueron amortizados por causas económicas».
En su momento, José Antonio Sánchez defendió la legalidad del procedimiento de contratación, alegando además, no fue él «quien adoptó la decisión de contratación, sino los órganos colegiados y técnicos pertinentes».
Además, el hecho de que Sánchez fuera entonces un empleado de Telefónica en excedencia (fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional) llevó a CC OO a plantear un posible tráfico de influencias.
En su declaración ante la juez de Pozuelo, que tuvo lugar en julio del pasado año, José Antonio Sánchez, entonces director general de Telemadrid defendió la «absoluta legalidad» de todas las decisiones, actuaciones y contratos realizados en la tramitación y ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público.
