El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez Fernando Grande-Marlaska ha propuesto diseñar una ley integral, que podría estar fomentada desde la Unión Europea, con «exigencias y pautas normadas de actuación» para luchar contra los discursos y delitos de odio.
En este sentido, Grande Marlaska ha reconocido los «esfuerzos» de las administraciones, de los ministerios de Educación, Sanidad, Justicia e Interior para cooperar pero ha advertido de que «en materia de derechos humanos no se puede estar con buenas voluntades de personas e instituciones concretas».
«Entiendo que tiene que haber una ley integral en cada país o fomentada desde la UE», ha indicado durante la Conferencia internacional ‘Juntos contra el discurso y los delitos de odio’ organizado por la Plataforma de ONG de Acción Social con la colaboración de la Embajada Noruega en España, que se ha celebrado este jueves en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Según ha precisado, en España no existe un título dedicado a los delitos de odio donde estén definidos sino que están «dispersos en el Código Penal». Concretamente, es en el artículo 510 en el que se establece el discurso del odio.
Grande-Marlaska ha hablado de unos mil casos en 2013 pero ha puntualizado que no refleja la realidad pues hay una «falta de denuncia» quizá porque las víctimas aprecian que «no hay una respuesta concreta» y no se ven «suficientemente protegidas para manifestar que la causa de su agresión ha sido una estigmatización». Por ello, considera que «hay que formar a jueces, policías y fiscales».
Precisamente, la Fiscalía General del Estado advierte en su última memoria de que estas agresiones muchas veces no son debidamente catalogadas.
El discurso de odio hace referencia a la incitación del odio, la discriminación o la hostilidad hacia una persona motivado por un prejuicio contra la misma debido a una característica particular, por la condición de identidad sexual, raza, religión o discapacidad, entre otros.
1.172 delitos de odio en 2013
Según datos del Ministerio del Interior, en 2013 se produjeron 1.172 delitos de odio, de los cuales 452 fueron por orientación o identidad sexual, 381 por racismo o xenofobia y 42 por prácticas religiosas. De las cifras también se desprende que hubo 290 agresiones contra personas con discapacidad.
Además, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), entre el 60 y el 90% de las víctimas de delitos de odio no denuncia su caso.
