El ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por el ‘caso Naranjax’, ha ingresado este lunes en la prisión madrileña de Aranjuez.
La entrada en prisión de Carlos Fabra se ha producido diez días después de que el Gobierno acordara, el pasado 21 de noviembre, denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente ‘popular’, quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión en el conocido como ‘caso Naranjax’.
La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.
La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
De esta forma, Carlos Fabra ha ingresado en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso el primer fin a un auténtico ‘maratón’ judicial cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.
Carlos Fabra se sentó el 2 de octubre de 2013 en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el ‘caso Naranjax’.
El que fue hombre fuerte del PP en Castellón durante décadas llegó al juicio con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio, puesto que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación Provincial tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. En 2013 también dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que él ideó y que aún no está en funcionamiento, tras el auto de apertura de juicio oral.
