El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este martes que debe ser la apertura de juicio oral la que determine la exigencia de la responsabilidad política y considera «desorbitante» que la condición de imputado afecte al desempeño de funciones públicas.
A juicio de Catalá, la opinión pública asigna unas condiciones negativas a la mera imputación que van «más allá de lo éticamente exigible», pues se trata de una mera participación procesal con asistencia letrada que en ningún caso debe entenderse como que la persona sometida a la misma sea «precondenada» por ningún delito.
Por ello, ha señalado que su departamento también trabaja para introducir en el Código Penal que sea dicho concepto de apertura de juicio la que determine la responsabilidad del investigado, pues hay que tener en cuenta que los jueces admiten a trámite los asuntos simplemente cuando tienen visos de verosimilitud.
En este sentido, el titular de Justicia ha destacado también el «ejercicio de lealtad» realizado por la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Merce Pigem al renunciar al cargo y defendió que el Senado pueda designar como sustituto sin problema alguno al decano de los procuradores de Madrid Antonio Álvarez Buylla pese a que estuvo imputado en un procedimiento judicial que ha sido sobreseído.
Catalá, ha anunciado que antes de fin de año se aprobarán las principales reformas de la legislatura: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Según el ministro, la modificación de la LECrim permitirá agilizar los procedimientos judiciales, especialmente, los macroprocesos y regulará los medios de investigación en el proceso penal, como la intervención judicial de las comunicaciones, que el texto actual limita a las postales.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene que volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros, Catalá ha señalado que mantendrá los partidos judiciales, pero racionalizará el sistema de reparto de cargas de trabajo entre juzgados.
Corrupción
El ministro ha alabado las reformas contra la corrupción anunciadas la pasada semana por el presidente del Gobierno, como las dirigidas a endurecer el castigo de estas conductas, y se ha mostrado confiado en que estarán en funcionamiento en un plazo breve.
Ha añadido que el horizonte de prescripción de 15 años para los delitos corruptos «da idea de la contundencia» de las medidas y ha valorado también muy positivamente que el Gobierno vaya a dar cuenta cada seis meses de los indultos que concede. Ha reafirmado, no obstante, que el Ejecutivo no ha indultado a nadie que se lucre con fondos públicos.
Rafael Catalá, ha adelantado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá agilizar las causas más complejas para hacer posible instruir y juzgar delitos sin necesidad de concatenar piezas e impedir así que los procesos se alarguen durante años. Además, la reforma fijará un plazo máximo de instrucción y se regulará de nuevo el comiso a través de la modificación de la carga de la prueba que contribuirá a que la sociedad vea cómo el delincuente devuelve los bienes que se le encuentran y que no es capaz de justificar.
