La Audiencia Nacional ha confirmado la incorporación de los correos electrónicos de Miguel Blesa, el ex presidente de Caja Madrid, en la investigación de una pieza separada del caso Bankia que investiga la emisión de preferentes.
Miguel Blesa recurrió esta decisión, adoptada por el juez Fernando Andreu, alegando dos razones: que «no es proporcional» y que el conocimiento de los correos viene de «un ilícito penal».
Estas razones no las comparte la Audiencia Nacional y en su resolución afirma que, aunque la inclusión de los correos de Blesa fue declarada nula por la Audiencia Nacional al ser filtrados a los medios de comunicación, la investigación podría haber llegado a ellos por vías legales.
La «doctrina del fruto del árbol envenenado», según la cual una prueba es nula si se accede a ella de forma ilícita, no se aplica «de forma absoluta». Según el auto, «nadie hubiera impedido incorporar al presente procedimiento el material informático intervenido durante la investigación penal». Se trata, por ello, de una «diligencia jurídica independiente».
Respecto al segundo argumento, la Audiencia Nacional considera que la inclusión de los correos es una diligencia «plenamente proporcional» y «necesaria» para la investigación en marcha. Asegura que la evidente «repercusión y trascendencia social» de correspondencia del ex banquero prevalece, sobre su sobre su derecho a la intimidad y justifica la «inferencia», en aplicación de la jusrisprudencia sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El juez Andreu acordó la incorporación de estos correos el pasado 17 de septiembre de 2014 a petición de una acusación particular. El magistrado, sin embargo, limitó esta decisión a los correos electrónicos enviados y recibidos por Blesa en el año 2009 desde su cuenta corporativa en Caja Madrid y solo aquellos que intercambió con «los miembros de la comisión ejecutiva o del consejo de administración» de la entidad financiera.
Cuando se reciban dichos correos, que deben llegar «a la mayor brevedad posible», serán examinados por el juez con presencia de Miguel Blesa y su abogado.
Estos correos electrónicos fueron solicitados por una acusación particular porque podrían contener pruebas que esclarezcan el proceso de venta de preferentes desde Caja Madrid, que está siendo investigado por un supuesto delito de estafa. Según la instrucción, la venta de preferentes pudo planificarse a propósito en un momento en el que la entidad atravesaba una mala situación financiera.
