Los jueces decanos han propuesto ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas. Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento «Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción», presentado en Valencia.
En materia de corrupción, los decanos piden ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros.
Defienden asimismo reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública, agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.
En sus ‘58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción’, también incluyen aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia «al menos el 3 por ciento» de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje «mínimo y garantizado» para justicia, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar sistemas informáticos autonómicos y con Fiscalía, y flexibilizar la organización judicial.
A su juicio, convendría realizar «profundos cambios» en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que consideran «excesivamente dependiente de los partidos políticos».
«El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo», ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a «sacar la justicia del debate político» y ha reclamado «un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener».
«Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona», ha recalcado Páez, quien considera «muy difícil afrontar macrocausas» con los medios actuales.
Son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles.
