Esta es la intención del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que mañana lleva al Consejo de Ministros un enésimo anteproyecto de ley que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal penal español que data de 1882, en el que se limita la instrucción de las causas más simples a los 6 meses y a 18 meses las más complejas. Sólo se prorrogarán las investigaciones más complejas.
Asimismo, se simplificará la tramitación procesal para evitar la concatenación de piezas en los “macroprocesos”, como los de los ERE de Andalucía.
«Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente», ha precisado el mismo Catalá este jueves tras participar en el Consejo de Justicia de la Unión Europea.
El ministro del ramo también quiere sustituir la palabra imputado, que se ha convertido en sinónimo de acusado por un juez, por otra que tenga un contenido más aproximado a su significado real, que es dotarse de medios de defensa legales para hacer frente a los indicios que pudieran incriminarle en el curso de un procedimiento. Para este fin, Catalá se ha puesto en contacto con lingüistas.
Por otra parte, también se ha sabido que el Ministerio está trabajando por introducir finalmente la doble instancia penal en el sistema judicial español, de forma que las sentencias dictadas en primera instancia en las Audiencias Provinciales puedan ser revisadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. De la misma manera, tendría que implantarse definitivamente –está contemplado en la Ley desde 2003- una sala de apelación en la Audiencia Nacional.
El ministro de Justicia, a pesar de tener muy poco tiempo, está apretando el acelerador en aquellos asuntos que tengan posibilidad de ser aprobados antes de que termine la actual legislatura, dentro de poco menos de un año. Como por ejemplo, evitar que las denuncias sin autor conocido no lleguen a los juzgados, aliviando así de papel a los órganos judiciales, y por reformar el juicio rápido para delitos de seguridad vial.
Otra apuesta importante, es la articulación del recurso de revisión en el sistema judicial español de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El pasado jueves, durante el debate sobre las medidas anticorrupción celebrado en el Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ya avanzó que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aprobaría «en fechas inmediatas» y que era «imprescindible» ganar en agilidad y eficacia.
«Somos conscientes de que la Justicia ha de ser rápida porque una Justicia tardía pierde eficacia y despierta una gran desconfianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho», señaló.
«De lo que se trata, en suma, es que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos, o la imposibilidad de localidad y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Es preferible juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño», manifestó Rajoy.
