La Abogacía rechaza los planes del Gobierno de incluir en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal una disposición que suprime la necesidad de asistencia letrada para recoger pruebas de ADN a detenidos y ha considerado que ello vulneraría «los artículos 17.3 y 24 de la Constitución».
Según el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, la disposición choca con el criterio del Tribunal Supremo, que el 24 de septiembre extremó las garantías para recoger muestras y dictó que «no se podrán utilizar como prueba salvo que se haya avisado a su abogado y este haya aconsejado a su cliente».
La Abogacía ha señalado asimismo en una nota que la modificación entra en contradicción con otro punto del anteproyecto, que señala que el abogado «informará al detenido» de las consecuencias de prestarse o negarse a la práctica de las diligencias que se le soliciten.
Así, Carnicer ha reclamado al Ministerio de Justicia que «elimine este cambio» y ha expresado su deseo de que todas las leyes sean «previamente debatidas y consensuadas» con los operadores jurídicos, «en línea con lo manifestado reiteradamente por el nuevo ministro de Justicia», Rafael Catalá.
