La Unión Progresista de Fiscales (UPF) lamenta que aspectos fundamentales del Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), referidos a la Carrera Fiscal demuestren, una vez más, el desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo ordinario de las Fiscalías y los propios Juzgados.
La UPF señala en un comunicado que «el nuevo proyecto desconoce la realidad diaria de los juzgados y fiscalías al atribuir al Fiscal la función de solicitar la prórroga del plazo de instrucción de diligencias cuya investigación es competencia del juzgado instructor. Con esta medida el pre-legislador parece ignorar de forma sorprendente que no es en absoluto de extrañar que un Fiscal desconozca un determinado procedimiento por no haber intervenido aún en el mismo». En consecuencia, resulta una temeridad que la posible inactividad de un juzgado o el mero trascurso de un plazo pueda significar el fin de una instrucción, naturalmente sin éxito.
Además inciden que la lucha contra el fenómeno de la corrupción y la compleja criminalidad del siglo XXI «requiere indefectiblemente de recursos económicos, precisa de medios personales y materiales pero, por encima de todo, exige un nuevo marco procesal que abandone el arcaico sistema actual y evolucione hacia uno nuevo basado en la autonomía, la especialización y la celeridad».
Más aun, el actual régimen de recursos previsto durante la fase de instrucción y la vigente carga de trabajo de juzgados, tribunales y fiscalías suponen que la limitación del plazo de instrucción no sea una solución adecuada para agilizar, como todos deseamos, los largos plazos de tramitación de los procesos penales en España.
Los fiscales progresistas insisten en que «cualquier medida que trate de agilizar el proceso penal es bienvenida, cualquier otra que trate de generar espacios de impunidad es una burla al estado de Derecho, al trabajo de los profesionales de la Justicia y a las víctimas de todo delito«.
Los fiscales también critican el cambio de la denominación de “imputado” por el insólito término “sujeto pasivo”, apuesto que según matizan «Parece evidente que el cambio de denominación obedece a fines puramente estéticos tras sucesivas y bochornosas imputaciones de responsables público».
Ver comunicado http://www.upfiscales.com/2014/12/comunicado-u-p-f-sobre-reforma-de-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal/
