Su bufete, Navas & Cusí, se ha convertido en una pesadilla para muchos bancos y cajas de ahorros. Ha ganado el 99 por ciento de las demandas por preferentes que le ha tocado defender ante los tribunales españoles. Y ahora tiene al Gobierno contra las cuerdas ante la Comisión Europea por una demanda contra las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios y los productos financieros complejos.
TEXTO E IMAGEN: CARLOS BERBELL / YOLANDA RODRÍGUEZ
Si consigue llevarse el gato al agua, provocará un profundo cambio de las leyes vigentes. Navas & Cusí es un despacho de abogados español especialista en derecho bancario, financiero y comunitario. Juan Ignacio Navas Marqués, su socio director, tiene 31 años de experiencia a sus espaldas.
Navas quiso ser médico, pero lo descartó porque no podía asumir la idea de perder un paciente. “Perder un caso es otra cosa”, cuenta.
Procede de una familia acomodada de Barcelona. Su padre fue un empresario muy importante del sector siderúrgico y una referencia para él. Sin embargo, el mundo económico no consiguió atraparlo para seguir los pasos del progenitor. “No tiene la trascendencia del Derecho, y en especial del Derecho Romano, su pasión”, explica.
Durante cinco años ejerció el turno de oficio, después de colegiarse, en 1983, y se pateó cárceles, comisarías y juzgados. “Llevé casos muy duros. Muy difíciles”, admite. Comprendió que tenía que especializarse en otra rama del derecho. Mercantil. “Quizá por mis vivencias. Por mi ambiente, que es más empresarial, más de negocios”.
Una vez centrado, enfocó su actividad en hacer que Navas & Cusí brillara con luz propia. Y lo hace desde sus sedes en Madrid y Barcelona.
¿Cuáles han sido los fundamentos de derecho que más han pesado en las sentencias de preferentes que usted ha llevado?
La comercialización inadecuada al público inversor por falta de conocimiento de lo que estaban adquiriendo. Es lo que se define como error consensual. Nulidad en el consentimiento. Y, por lo tanto, inexistencia del contrato. Esa ha sido la razón principal. También hay temas colaterales más complejos. Por ejemplo, de acuerdo con la emisión de las preferentes, hay unos momentos en los que los bancos pueden avisar a los clientes para que se desprendan de la inversión, cuando las agencias de calificación estaban rebajando y esto no se hizo. Y eso las entidades financieras no lo hicieron.
Algunas personas echan la culpa a los gobiernos del POSE y del PP por su inacción. ¿Es correcto?
Por supuesto, tienen razón. Los gobiernos del PSOE y del PP han tenido mucha culpa de lo que ha pasado con las preferentes. El Gobierno gobierna. Y tiene unos ministerios. Uno de ellos es el Ministerio de Hacienda, que el superior jerárquico a órganos cuyo cometido es vigilar el cumplimiento de la normativa. Ahí tenemos al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esas dos entidades tienen facultades de vigilancia y sanción. A la vista está, por los millares de sentencias judiciales, que suponen un reproche judicial claro y objetivo, que ha habido una pasividad y una inactividad. Lo que los juristas definimos como “culpa in vigilando”.
‘Usted no es el responsable directo, pero si usted hubiera vigilado el cumplimiento de los agentes económicos usted podría haber prevenido el daño que se ha causado¡. ¿Tienen culpa los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular? Por supuesto.
A mí me gustaría diferenciar dos cosas. Una, la responsabilidad política. Al final el gobernante gobierna mejor o peor y al final las urnas pasan factura. Y luego, está la cuestión técnica. El Banco de España y la CNMV no cumplieron con su cometido con las preferentes. No vigilaron.
Sin embargo, no se ha producido ninguna respuesta política. No se han producido dimisiones. La gente asume que se han hecho las cosas mal pero nadie paga. Y eso crea malestar entre los ciudadanos.
Yo creo que este gobierno sí que está reaccionando. Está endureciendo los controles de la CNMV. Sí que está siguiendo las instrucciones de la Comisión Europea. Y sí que está siendo sensible. Lo que pasa es que se dan muchas circunstancias. Se da una crisis muy importante. Es un tema de prestigio para el país, por lo que ha ocurrido. Yo diría que más que falta de reacción, que sí que la hay, creo que por parte de las entidades públicas tienen que aprender a conocer mejor.
Esto que digo es muy sutil, ya lo sé.
Son temas muy complejos, muy técnicos desde el punto de vista financiero. Usted me hablaba de las preferentes, que son un producto muy sencillo. Sin embargo, hay grandes descalabros financieros de empresas muy importantes que en su día han suscrito contratos de cobertura, los llamados “swaps”, que en algunos casos que he conocido les han conducido a concursos. Esto, de momento, no trasciende.
También se dice que entidades locales han suscrito productos financieros. Hay una parte oculta, entre comillas. Que no ha trascendido.
¿Cómo nacieron las preferentes y por qué fueron las Cajas de Ahorro las que más las comercializaron?
Las preferentes nacieron para un mercado institucional. Estamos hablando de justo antes del año 2000. En 2004 ya se empezó a ver que era un valor que no era sólido. Y que en un momento dado, por una serie de circunstancias, se decide comercializar para un público totalmente inadecuado, que es el mercado de particulares.
Es un instrumento complejo que la propia Ley del Mercado de Valores, artículo 12h, dice que está sujeto a un tipo de regulación especial. Porque al final el valor de la preferente es un valor que vale lo que vale en el mercado. No tiene una serie de controles que tiene, por ejemplo, el mercado principal, que es el mercado bursátil. Es un producto de riesgo que se comercializó indebidamente.
¿Cuántos casos de preferentes ha tenido en su bufete?
Muchos.
¿Cuál ha sido su nivel de eficacia?
99 por ciento.
Desde el seno de la propia Justicia se ha alentado a los preferentistas hacia la mediación o, incluso, por el arbitraje. ¿Qué opina usted?
Yo soy una persona de justicia ordinaria. El arbitraje da más rapidez pero yo pienso que nuestra justicia es centenaria, tenemos un sistema judicial muy bueno, que es lo que está salvando al país de muchos casos de corrupción. Sin duda, prefiero la justicia ordinaria.
¿Antes que el arbitraje y que la mediación?
Es que tiene que verse qué arbitraje y qué mediación son. Por ejemplo, a mi una mediación o un arbitraje que ha sido impuesta por una entidad financiera en un contrato, eso no me gusta. Porque en algunos casos son los bancos los que te envían al arbitraje. Se lo imponen al cliente. Y cuando el cliente viene aquí, a nuestro despacho, viene con temor al arbitraje. Y te preguntan, ¿oiga, y cómo puedo hacer para ir por el Juzgado? La cosa pública, la “res pública”, a la gente le da más seguridad.
¿Arbitraje?, digo sí, siempre y cuando se establezca correctamente y con las debidas garantías.
Usted también ha demandado al Reino de España ante la Comisión Europea por las hipotecas. Ha presentado una queja para que España modifique su normativa. ¿Cómo está el asunto?
Nosotros hemos ejercido el derecho que tiene todo ciudadano miembro de un país miembro de la Unión Europea del derecho de queja. Nuestro bufete tiene el reconocimiento de legitimación activa por la documentación que hemos aportado.
Como usted sabe, por una parte, en las directivas comunitarias de produce un incumplimiento cuando no se traspone una normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno.
Por otra parte, existe lo que se denomina la efectividad de la trasposición. Es decir, si un gobierno traspone una directiva al ordenamiento interno y no se le da protección es porque hay una inacción por parte de los poderes públicos.
Nosotros hemos aportado más de 1.000 sentencias de jueces y tribunales españoles contra entidades financieras por la vulneración de la legislación financiera por parte de bancos y cajas de ahorros. Nuestra queja se ha centrado, con carácter general, en hipotecas, hipotecas multidivisas y en preferentes.
Esta queja está siguiendo un procedimiento. Primero la Comisión la recepciona, que lo ha hecho. Si aprecia indicios de incumplimiento por parte del Estado miembro de la Unión, abre una fase que se define como “diálogo estructurado”, que es en lo que estamos justo en este preciso momento.
¿Diálogo estructurado? ¿En qué consiste?
Después de que la Comisión ha comprobado que puede haber quebrantamientos de directivas por parte del Estado objeto de la queja, abre un diálogo estructurado en el que pregunta al Estado miembro, “dígame usted como se ha llegado a esta situación que protege la directiva”.
Los diálogos estructurados pueden desembocar en un requerimiento al Estado en cuestión para que cumpla la directiva.
¿Y si no lo hace?
Si no lo hace, el siguiente paso es una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esto provocará cambios profundos en la legislación española específica para cumplir con la directiva. ¿No le provoca cierto mareo pensar en llevar al Gobierno del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no cumple con el requerimiento de la Comisión Europea?¿No se siente usted como David frente a Goliat?
No, en absoluto. Muchas veces las revoluciones sociales, los cambios sociales positivos, nacen de los despachos de abogados. Es una constante histórica.
¿Por qué su bufete ha optado por especializarse en enfrentarse a bancos y a entidades financieras?
Nosotros somos un despacho mercantilista especializado en materia financiera. Lo único que ocurre es que los bancos tienen mucha incidencia. Su negocio tradicional ha sido prestar dinero y sacarle un diferencial, pero después se han metido en el mercado de la intermediación, que es lo que no habían hecho antes, que no es lo propio de su actividad. Han comercializado defectuosamente una serie de productos financieros. Cuando sucede Cuando sucede la crisis económica hace que estos valores caigan. La gente pierde su dinero y las empresas sufren fuertes pérdidas patrimoniales. Y aflora lo peor.
Este sería el motivo de nuestra mayor actividad. Y el segundo motivo es que en este país no había la cultura de reclamar a las entidades financieras. No existía. El desastre ha sido tan potente que esa cultura ya está instaurada.
¿Es, por lo tanto, consecuencia de la crisis?
Es una consecuencia de la evolución de un país hacia un concepto más actual, más moderno, que en otros países siempre ha existido y aquí, no. Aquí no ha existido la cultura de reclamar a las entidades financieras. Ahora ya está fuertemente enraizada.
¿Y a qué se debía eso? ¿Cuáles eran las causas para que esa cultura no existiera?
Las causas son varias. La primera era por el temor a entidades muy potentes. Al poder económico. La segunda es porque este país se incorporó a la Unión Europea en un tiempo determinado. Y hay una regulación muy estricta, muy seria que España recoge más tarde. Eso las entidades financieras tienen que digerirlo. Cuando han estado acostumbrados durante mucho tiempo a una regulación mucho más flexible y más laxa.
La crisis ha acelerado la cultura de la reclamación ante las pérdidas sufridas.
Antes la legislación era muy diferente. Al final esto es derecho comunitario, derecho de defensa. El derecho de la Unión Europea es un derecho de consumo. Es derecho de la Directiva 43 y en ese sentido las exigencias a las entidades financieras es mucho mayor. Y en el futuro va a ser todavía mucho más estricto.
Usted es un firme creyente en la eficacia de la Justicia. ¿En qué se basa?
Por supuesto. Yo a la gente que dice que aquí funciona mal la justicia le diría que se fuera a cualquier país europeo y me compruebe si hay principio de inmediación civil, si hay grabaciones, si tardan 8 o 12 meses en primera instancia y si la justicia es independiente. Cuando encuentre un modelo como el español, cuéntemelo.
Me parece muy injusta la frase esa de que la justicia no funciona en España. Es un tema de medios. Se producen demasiados conflictos para el presupuesto que tiene un estado para resolverlos. Y a pesar de eso la Justicia funciona. Y menos mal. Si no estaríamos hundidos en el caos y la corrupción. Los jueces de lo mercantil y de lo civil tienen un nivel 10. Y los de lo penal, 10.
