Cinco vocales pertenecientes al sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) amenazan con interponer recuso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de sacar a concurso la plaza de Pablo Ruz y, que al mismo tiempo, le permitirá seguir en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta concluir sus sumarios pendientes si así lo solicita.
Así lo señalan en una nota las vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda -todas ellas designadas por el PSOE- y Concepción Sáez, que fue elegida a propuesta de Izquierda Unida.
Las firmantes critican que Lesmes no haya dado respuesta alguna al escrito que presentaron el pasado viernes junto con los también vocales Rafael Mozo y Enrique Lucas solicitando que la cuestión se resolviera por el Pleno del órgano, que está convocado para el próximo día 18.
Falta de deferencia
Afirman además que han tenido conocimiento del acuerdo de este martes a través de una nota de prensa del CGPJ, lo que ha su juicio «implica una clara falta de deferencia» con los aquellos vocales que efectuaron al presidente Carlos Lemes una petición concreta sobre este asunto.
Las vocales insisten en que la decisión de los vocales de la Permanente implica un margen de discrecionalidad que determina que, conforme a lo dispuesto en el artículo 599.1.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «sea competencia del Pleno y no de la Comisión Permanente».
Por todo ello, afirman que se reservan «el derecho a interponer contra el mismo los recursos correspondientes», lo que se traduciría en un recurso ante la Sección Tercera del Tribunal Supremo.
Especiales circunstancias
En su escrito del pasado viernes los vocales progresistas recuerdan que el propio precepto por el que debe guiarse la renovación, el artículo 355 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «requiere la valoración de diversas circunstancias» entre las que se encontraría la de «la idoneidad del magistrado que haya de atender la necesidad a la que responda la cobertura del destino» en cuestión.
Por ello, creen que la plaza de Ruz no debería haber sido resuelta de modo automático, ya que la ley prevé diversas opciones cuya ponderación y decisión compete al CGPJ y que, al implicar «un margen claro de apreciación y discreccionalidad» corresponde adoptar al Pleno del Consejo y no sólo a los vocales de la Permanente.
A la justificación competencial añadían «poderosas razones» como que se trata de una decisión de evidente interés general «con amplia repercusión en los medios de comunicación y en los ámbitos jurídicos» y que «no en vano está vinculada a la imagen de la Justicia y a la confianza de los ciudadanos en ella», por lo que se deben asegurar las «máximas garantías».
Aludían igualmente estos vocales al criterio de «elemental prudencia» en aras a la seguridad jurídica puesto que la decisión sobre la continuidad de Ruz en la plaza «podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo».
«Sería por tanto de una gran irresponsabilidad que este asunto se valorara y decidiera por un órgano que podría ser declarado incompetente», lo que no ocurriría si el asunto se lleva al Pleno. Finalmente, requieren a Lesmes una respuesta «expresa y fundada» a su petición.
El acuerdo alcanzado este martes incluye una cláusula dirigida a «garantizar la mínima perturbación posible de los procedimientos en curso» que establece la prórroga automática de las actuales comisiones de servicio hasta que tome posesión el nuevo titular, lo que se prevé el próximo marzo de 2015.
No obstante, y según el mismo acuerdo, se abre la puerta para que antes de que llegue dicho momento Ruz pueda solicitar una nueva comisión de servicio, en calidad de juez de refuerzo, con el mandato expreso de seguir instruyendo causas «de especial relevancia o complejidad y que estén pendientes de pronta conclusión», como son las que afectan al PP, el caso «Gürtel» y los papeles de «Bárcenas».
