El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado paralizar los sondeos, una medida cautelar que había solicitado el Ejecutivo de Paulino Rivero. Los magistrados niegan esa suspensión y aprecian que «el procedimiento» seguido por el Gobierno central para conceder los permisos «ha sido conforme a derecho».
Este pronunciamiento de la Sala se produce después de que el Ejecutivo autonómico decidiera solicitar, como medida cautelar al amparo del artículo 129 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, la suspensión de la resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de perforación de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Canarias 1 a 9’.
Entre otros argumentos, la Administración canaria —que ya intentó sin éxito frenar en el Supremo las prospecciones— alertaba de los riesgos para el sector turístico, «eje principal de la economía» de las islas. Pero los magistrados creen que ese peligro «resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe».
El TSJC también minimiza las posibles afecciones sobre la pesca, las aguas, los puertos y las distintas especies que, según el Gobierno canario, no se habrían tenido en cuenta durante la tramitación ambiental. Los jueces restan importancia a los informes aportados por la Administración regional: «Las conclusiones de tales informes o se basan en daños hipotéticos o parecen más orientados a la explotación petrolífera continuada en Canarias que a un sondeo de duración limitado a un máximo de 180 días».
El Ejecutivo autónomo había alertado también de que parte de la zona en la que se han autorizado los sondeos está en trámites para ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria, con lo que entraría a formar parte de la red Natura 2000, el sistema europeo de protección de las áreas de interés medioambiental. Pero el TSJC, además de recordar que esta protección aún no se ha aprobado, afirma que «la inclusión de un espacio en la red Natura 2000 no excluye, a priori, su explotación económica en el futuro».
El auto en el que se rechazan las medidas cautelares lo apoyan cinco de los seis magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife.
Sin embargo, uno de los magistados no comparte los argumentos de sus compañeros y alerta en un voto particular de que «los valores medioambientales serán seriamente puestos en peligro durante la ejecución de los sondeos de Repsol». «No puede argumentarse con un mínimo de rigor que estos valores resulten garantizados por el establecimiento de una garantía financiera» de 20 millones de euros, afirma este magistrado. «En el caso de un derrame de crudo el coste de la limpieza de la costa que pudiera ser afectada y el valor de los daños materiales que se causaran sería inmensamente superior», añade.
