La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de talante conservadora y mayoritaria entre la Carrera Judicial, ha advertido de que la medida del Gobierno de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves, «roza» con varios artículos de la Constitución.
El portavoz de la APM, Pablo Llarena, ha calificado de «inadecuada» esta modificación prevista en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al entender que «no procede» extender esta intervención de las comunicaciones «fuera de los supuestos» recogidos en la Carta Magna.
En este sentido, ha puesto de relieve que el artículo 18.3 de la Constitución el derecho al secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial, y que el 55.2 permite suspenderlo en investigaciones sobre «bandas armadas o elementos terroristas». Sin embargo, el anteproyecto extiende las escuchas policiales a «delitos contra menores, personas con capacidad modificadas judicialmente u otros delitos considerados de especial gravedad».
Dicho esto, Llarena ha recordado que hay jueces de guardia trabajando en todo el territorio, por lo que en una situación de emergencia no hay razón para que las Fuerzas de Seguridad no recurran a ellos si quieren interceptar las comunicaciones en casos de especial gravedad.
Jueces y fiscales progresistas también en contra
En la misma línea, se ha expresado el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, al entender que se trata de una medida «inadmisible» de «dudosa constitucionalidad», que se ha propuesto «sin una adecuada justificación» y que puede «generar espacios de inseguridad jurídica». «Los informes que van a ser emitidos por los órganos consultivos harán reconsiderar al Gobierno esta opción», ha vaticinado.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha considerado que el nuevo precepto afecta también directamente a la «legalidad constitucional» y ha recordado que los jueces de guardia trabajan en todos los partidos judiciales, por lo que no es necesario que el ministro del Interior ordene esas escuchas a las Fuerzas de Seguridad.
Su presidente, Álvaro García Ortiz, ha advertido de que los tres representantes de la asociación en el Consejo Fiscal manifestarán su rechazo a la medida. Este órgano consultivo tendrá que remitir un dictamen sobre el anteproyecto al Gobierno. (EP)
