En el Gobierno de Mariano Rajoy persiste el disgusto y el malestar con Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, por su gestión en la renuncia de la vocal de CiU, Mercé Pigem, sucedida la tarde del pasado 29 de noviembre.
Según ha podido saber Confilegal de fuentes del Partido Popular, Lesmes actuó de motu propio convocando a Pigem a Madrid el 28 de noviembre al enterarse, por la prensa, de que trece días antes su hermana y ella habían sido sorprendidas entrando en coche por la frontera con Andorra. La hermana portaba 10.600 euros en efectivo. Una cantidad que excedía en 600 euros lo permitido, lo que podría considerarse delito fiscal.
Mercé Pigem, por su parte, llevaba 9.500 euros y estaba dentro de los límites legales. No había cometido ninguna infracción.
Lesmes utilizó toda su capacidad persuasiva para convencer a la vocal catalana de que, por el bien de la imagen de la institución, presentara su renuncia.
Esto fue así porque el presidente del órgano de gobierno de los jueces no tiene capacidad para cesarla ya que Pigem había sido elegida por el Senado. Debía ser una decisión voluntaria. De otra forma, no habría habido manera de que saliera del CGPJ.
Las mismas fuentes han explicado a Confilegal que no conocieron de antemano las intenciones de Lesmes en este asunto ni tampoco fueron informados “extra oficialmente” de lo que iba a suceder.
“No fue una buena decisión, políticamente hablando. Esto ha tensado, aún más, si cabe, nuestras relaciones con Convergencia i Unió. Sobre todo porque Mercé Pigem no había cometido ningún delito. Estaba dentro de la legalidad”, explicaron las mismas fuentes. “No era en absoluto necesario y ha puesto las cosas más difíciles, si cabe”.
Mercé Pigem formaba parte de la Comisión Permanente del CGPJ, el máximo órgano decisorio después del Pleno. Era una de las colaboradoras más fieles de Lesmes. Sin embargo, la celebración de la consulta del 9N en Cataluña tensó las relaciones entre ambos porque el presidente es un firme defensor de la unidad de España.
El líder de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, achacó precisamente el caso Pigem y la renuncia de la vocal a la actual “situación de confrontación política”. El diputado catalán lamentó su “error” pero afirmó que habían “ido a por ella y han obviado su trayectoria de servicio público”.
El partido del gobierno, por lo tanto, no tuvo nada que ver con la decisión de la primera autoridad de la Justicia de pedir la renuncia a la vocal por lo sucedido. De hecho, las relaciones de Lesmes con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, no son tan fluidas como las que tenía con su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, y su “número dos”, Fernando Román, a los que les unía una relación personal.
La decisión de Lesmes también ha extendido la preocupación dentro de la propia carrera judicial porque ha puesto el listón ético muy alto. En especial ahora, con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, que facilitará la investigación periodística de actividades pasadas, y de supuestas incompatibilidades, de jueces y magistrados, en campos como la docencia universitaria, en conferencias y en ponencias, áreas, todas estas, en las que el propio presidente tiene una larga experiencia.
