El alcalde de las Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, trata de evadir su responsabilidad en la imputación por prevaricación en Guadarrama. Este fue el comunicado que la familia Álvarez hizo público después de que Fernández Rubio publicara su exculpación en Facebook.
El alcalde de la Rozas, José Ignacio Fernández Rubio, ha aprovechado su cuenta oficial de Facebook para evadir su responsabilidad en la imputación que sostiene contra él la jueza de Collado Villalba por un supuesto delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, y por el que le solicitan una fianza de 9,2 millones de euros, que ha recurrido.
En ese escrito, en su página de Facebook, el ex alcalde Guadarrama se olvida de algunas cuestiones. Asegura que se trata “de un tema puramente administrativo relacionado con un contrato de permuta de parcelas”, y no lo es, es un tema penal. Tanto la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el letrado José María Garzón, coinciden en la pena solicitada contra él: 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Los hechos por los que se imputa a Fernández Rubio se iniciaron en 2004 cuando éste era alcalde de Guadarrama. Actualmente, Fernández Rubio es alcalde Las Rozas, otra localidad diferente.
En esas fechas, Luis Álvarez García, propietario del Grupo Canta y el entonces alcalde Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio llegaron a un acuerdo, dos veces: Una en 2004 y otra en 2006. En el primero se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Guadarrama, que consistía en una permuta de los terreno de referencia en el centro del pueblo por las dos parcelas en el polígono industrial y la futura explotación comercial de un espacio en dichos terrenos. En la segunda, concretamente el 23 de febrero de 2006, José Ignacio Fernández Rubio firmó en nombre de la Sociedad Municipal de la Vivienda, Patrimonio e Infraestructuras de Guadarrama SL, un contrato de permuta con Luis Álvarez García, propietario del Grupo Canta. Y esto, “pese a conocer que dicha sociedad no podía operar en el tráfico jurídico en la fecha mencionada, al no hallarse legalmente constituida pues no había sido inscrita en el Registro Mercantil, tal y como exigían los estatutos”, según recoge el escrito de la Fiscalía. Y es la Fiscalía la que dirige la acción penal, que no administrativo, contra José Ignacio Fernández Rubio.
Por lo tanto es falso, que no se cometieran las “presuntas irregularidades”, que describe Fernández Rubio en su escrito.
También asegura que “la anulación –de las permutas- no supuso ningún perjuicio económico para ninguna de las partes”. El ex alcalde de Guadarrama olvida que hasta la fecha, los herederos del empresario Luis Álvarez García, ya fallecido, no han recibido ninguna compensación económica.
Lo peor de todo este asunto, sostienen los hijos del empresario Luis Álvarez es que “todo este proceso político judicial ya tiene sus primeras víctimas: nuestros padres. Nosotros estamos sometidos a tratamiento psicológico y solo queremos que se haga justicia. Que nos den lo que nos corresponde. No pedimos más”.
Conviene recordar, como asegura el letrado de la familia Álvarez, José María Garzón, que “la familia fue desahuciada de las dos parcelas que había recibido en el Polígono Industrial, a las afueras del pueblo, por la permuta original de los terrenos del centro del pueblo. No se les compensó por el dinero que habían invertido (250.642 €) en acondicionar esas dos parcelas. No les devolvieron los terrenos del centro del pueblo ni les compensaron por ello. Y no les indemnizaron tampoco por la explotación del local comercial contemplado en el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del centro del pueblo”. Las cantidades responden a lo estipulado en el propio contrato con la Sociedad Municipal de la Vivienda.
