El PP ha hecho valer su mayoría absoluta este jueves en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ahora seguirá su tramitación en el Senado.
Los populares, con el único apoyo de sus socios electorales de UPN y Partido Aragonés, consiguen así avanzar en la aprobación de esta Ley pese a las críticas generalizadas de la oposición que en el debate previo a la votación en la Cámara Baja han escenificado su rechazo frontal al texto. Tanto el PSOE como la Izquierda Plural y otras minorías se han comprometido a derogarla en la próxima legislatura.
Desde la presentación de su primer borrador hace ahora algo más de un año, la Ley de Seguridad Ciudadana ha estado envuelta en polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales, que la bautizaron como Ley Mordaza. Entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros -la multa más alta- a quienes participasen en protestas ante el Congreso de los Diputados sin la autorización de la Delegación del Gobierno.
La norma irá ahora al Senado y, si no hay más enmiendas, entrará en vigor. Básicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
Puntos más importantes
Las faltas que hasta ahora se incluían en el Código Penal, es decir, eran sancionadas con intervención judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervención judicial a posteriori sin intervención judicial.
Las faltas muy graves se sancionarán con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.
Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: “Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles”.
Se regulan nuevas conductas como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera.
También se considera falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”.
Legalizar el ‘rechazo en frontera’
Por su parte, entre las enmiendas introducidas a esta Ley el PP aprovechó para introducir una disposición transitoria que modificaba la ley de Extranjería con el fin de legalizar la figura del ‘rechazo en frontera’ de inmigrantes de Ceuta y Melilla. Al optar por este camino, se ahorró los informes de los órganos consultivos que habrían sido imprescindibles en el caso de que la modificación hubiera estado en la redacción del proyecto de ley.
