El juez Pablo Ruz acusa a los 15 miembros de la “Brigada Al Andalus” de reclutar combatientes en España para luchar en Siria e Irak. En las diferentes facciones terroristas que integran el llamado Estado Islámico de Irak y Levante (ISIL), afines a Al Qaeda.
La “Brigada Al Andalus” era una célula de captación con base en Madrid. Estaba capitaneada por Lahcen Ikassrien, un marroquí de Alhucemas, nacido en 1967. Ruz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, dice de él que es el “líder carismático”. El emir. El que detentaba la autoridad y el control y la disciplina sobre los 14 restantes, 6 de los cuales consiguieron huir.
Estaba muy bien organizada y en contacto con grupos afines de siete países: Francia, Bélgica, Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía y Siria. Esta célula era una de las principales “suministradoras” de soldados yihadistas para Siria e Irak.
La citada “Brigada” fue desmantelada el pasado mes de junio en la llamada “Operación Gala”. Nueve de sus quince componentes fueron arrestados entonces.
El juez los ha procesado por delitos de integración en organización terrorista, según el auto hecho público el jueves. En palabras del magistrado, sus componentes comenzaron a radicalizarse coincidiendo con una época en la que empezaron a frecuentar la Mezquita de la M-30 de Madrid, uno de los más grandes templos islámicos en Europa. Fue construida con capital árabe saudí.
Precisamente, la cafetería del centro religioso fue utilizada por los miembros de la célula yihadista con el fin de reunirse cuando acudían a rezar.
Según sus familiares, desde esa época se operaron cambios físicos y de pensamiento en todos ellos. Se dejaron crecer la barba y se radicalizaron.
Ikassrien, el líder, tenía experiencia en “guerras santas” islámicas ya que estuvo en Afganistán. Fue uno de los detenidos por las tropas estadounidenses durante la invasión de ese país y enviado a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
Ruz establece en su auto que la “Brigada Al Andalus” envió a varios muyaidines para llevar a cabo misiones suicidas. Dos de ellas, identificadas como Abdellatif El Morabet y Bilal El Helka, fallecieron.
Los otros ocho procesados detenidos en España son Mohamed Khalouk Darouani, de nacionalidad española y nacido en Larache (Marruecos) en 1981; Abdeslam El Haddouti, de nacionalidad marroquí y nacido en Tetuán (Marruecos) en 1979; Nabil Benazzou Benhaddou, de nacionalidad española y nacido en Casablanca (Marruecos) en 1972; César Raúl Rodríguez, de nacionalidad argentina y nacido en Santiago del Estero (Argentina) en 1989; Mohamed Boukhalef, de nacionalidad marroquí y nacido en Tetuán (Marruecos) en 1984; Oialae Chergui, de nacionalidad marroquí y nacido en Asilah (Marruecos) en 1988; Younes Zayyad, de nacionalidad marroquí y nacido en Marrakech (Marruecos) en 1984; y Deniz Ibryam Redzheb de nacionalidad búlgara y nacido en Rusa (Bulgaria) en 1979.
Ruz ha procesado además a otras seis personas, que se encuentran huidas y en busca y captura.
Los responsables y dinamizadores de esta célula mantenían una exhaustiva inspección sobre sus integrantes, ejerciendo una tutela constante y directa, que comprendía desde su «bienestar» corporal hasta su estado mental, con controles sobre su asistencia a entrenamientos físicos, a las reuniones de adoctrinamiento y a su adiestramiento operativo, consistente en el manejo de armas.
Todo ello con el único fin de que llegado el momento de la selección de los futuros «combatientes», éstos estuvieran en plenas condiciones físicas y mentales y no vacilaran en su compromiso de unirse a la yihad.
La red empleaba para reuniones y entrenamientos una finca rústica en la provincia de Ávila. En ella desarrollaban una serie de actividades, todas ellas encaminadas a mantener la radicalización y la cohesión del grupo y a perfeccionar su entrenamiento operativo, centrándose en el entrenamiento físico de alta intensidad.
Todo soldado yihadista español que opte por integrarse en las filas del llamado Estado Islámico está cometiendo un delito de integración en banda armada. La «marca madre» del Estado Islámico, Al Qaeda, tiene la misma consideración de organización terrorista que ETA y estos combatientes tendrán la misma consideración legal que los terroristas de ETA. El delito está castigado con una pena de 6 a 12 años de cárcel.
