Nervios a flor de piel en la Audiencia Nacional

Nervios a flor de piel en la Audiencia Nacional

12 / 12 / 2014 00:00

Actualizado el 08 / 04 / 2016 10:28

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vivió momentos tensos a cuenta de la decisión de la Sección Primera –son cuatro las Secciones- de excarcelar a los etarras Santiago Arróspide Sarasola, alias “Santi Potros”, Alberto Plazaola.

Al principio de un Pleno celebrado el viernes en la sede madrileña de la calle Prim, el magistrado progresista José Ricardo de Prada, de la Sección Segunda, planteó la necesidad de que se reservara un tiempo para tratar las declaraciones que la  vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había hecho una semana antes, el 5 de diciembre, al final del Consejo de Ministros.

«Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco», declaró Sáenz de Santamaría. Y destacó que el criterio del Gobierno es el de la ley, que dice «muy claro qué se puede y qué no se puede hacer».

De Prada entendió que tales manifestaciones podían entenderse como un ataque a la independencia judicial del tribunal que decidió la excarcelación, Ramón Sáez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro, y por ende, a todos los jueces.

A los 19 jueces que formaban el Pleno de la Sala de lo Penal, presidido y dirigido por Fernando Grande Marlaska, se les planteó la emisión de algún tipo de declaración de apoyo.

Grande Marlaska, que es también vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), argumentó que aquel Pleno no tenía potestad para ello, porque suponía una decisión jurisdiccional, y que la potestad para tal tipo de pronunciamientos le corresponde al órgano de gobierno de los jueces o a la propia Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

La propuesta quedó varada en esa playa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene previsto dirimir la controversia surgida en el seno de la Audiencia Nacional, donde dos secciones, la Primera –ya mencionada- y la Segunda tomaron decisiones contrarias en casos similares de presos etarras.

Los 15 magistrados que componen esta Sala tendrán que decidir si es correcto, desde el punto de vista jurídico, descontar a los etarras que han cumplido condena en Francia ese tiempo de las penas impuestas en España. 

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