Rafael Catalá, titular de la cartera de Justicia, confía en que el próximo martes el Tribunal Supremo fije una doctrina clara que impida el descuento de penas por sentencias emitidas en países de la Unión.
Como los que aplicaron la Sección Primera de la Audiencia Nacional al dirigente de ETA, Santiago Arrospide, alias “Santi Potros”, y a su compañero, Alberto Plazaola.
Espero que el Tribunal Supremo “valide la legislación ya vigente” que “garantiza que no se lleven a cabo descuentos de cumplimiento de condenas como consecuencia de otras sentencias dictadas en el marco de la UE» y, en consecuencia, en todas las secciones de la Audiencia Nacional «se haga una aplicación homogénea y uniforme».
El ministro de Justicia hizo estas declaraciones en San Sebastián, tras su intervención en la Jornada del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ‘Justicia y Terrorismo: El papel de la Administración en la construcción de un relato basado en la dignidad’.
Catalá tomó parte en una mesa redonda sobre “Justicia y Terrorismo” en la que le acompañó el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda. Al acto asistieron el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, Covite ha entregado su premio anual a María del Carmen Alba, coordinadora de la oficina de víctimas del terrorismo de la Audiencia Nacional.
El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, formado por 15 magistrados, tendrá lugar el próximo martes, 16 de diciembre. En el mismo analizarán el recurso de casación presentado etarra Kepa Picabea Ugalde, a quien la Audiencia Nacional rechazó acumular condenas argumentando que el asunto estaba resuelto y no podía abordarse de nuevo.
La decisión que tome esta Sala, presidida por Manuel Marchena, sin duda será un “leading case”, un caso que establecerá una jurisprudencia de una forma clara y definida y a la que tendrán que plegarse las cuatro secciones de la Audiencia Nacional.
