La defensa de la Infanta Cristina ha consignado este lunes los 587.413 euros que le reclama la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.
La hermana del Rey Felipe VI ha hecho frente de este modo al pago de la cantidad de la que se benefició, en concreto, a través de Aizoon, empresa propiedad al 50% del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó además hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Anticorrupción sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero presuntamente defraudado a través de la anterior mercantil ‘pantalla’.
Para reclamar la fianza, el fiscal Pedro Horrach se ampara en el artículo 122 del Código Penal, que establece que «el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación», aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
Por su parte, la Abogacía del Estado reclama a la infanta una responsabilidad civil a título lucrativo de 168.571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por Urdangarin a Hacienda.
Según lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, la infanta podría ser condenada a pagar esa responsabilidad civil en caso de que Urdangarin fuera condenado en el juicio del caso Nóos.
El despacho de Miquel Roca ha solicitado al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra la infanta Cristina en el caso Nóos al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla la Abogacía del Estado, ni ninguna otra acusación particular. Sí la acusa la acusación popular ejercida por el sindicatos Manos Limpias que pide para ella 8 años de cárcel.
