La juez Mercedes Alaya ha enviado a la Fiscalía un auto en el que pide que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente para investigar el caso Madeja, relativo al cobro de comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de servicios y contratos públicos.
La Operación Madeja derivó, en su tercera fase, en la operación Enredadera, con extensión en doce provincias y que se concluyó el pasado 11 de noviembre con 32 detenciones.
Fuentes judiciales han explicado que la petición de Alaya es un trámite previo antes de decidir su inhibición total o parcial del caso en favor de la Audiencia Nacional.
La Operación Madeja comenzó en julio del 2013 por presuntos cobros de comisiones por parte de políticos, funcionarios y técnicos de la empresa Fitonovo, con sede en Sevilla, a cambio de la adjudicación de servicios y contratos públicos, tuvo una segunda fase en diciembre del mismo año y acabó en noviembre pasado.
La juez Alaya levantó el secreto del sumario del caso el 28 de noviembre pasado, tras lo cual los más de medio centenar de imputados -a los que pide fianzas de responsabilidad civil que superan los 42 millones de euros- pudieron consultar los 7.512 folios del sumario.
Alaya define a Fitonovo como una «organización criminal jerarquizada» que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos, y aseguró que al PSOE le pagó 123.000 euros en mordidas entre el 2006 y el 2009 a cambio de los favores en la adjudicación de contratos.
Los pagos, según Alaya, se sucederían entre los años 2006 y el 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre los 3.000, 30.000 y 60.000 euros, y que figurarían en la Caja B de Fitonovo con la denominación «Langostinos Maera».
En uno de los autos contenidos en los 21 tomos del sumario, la juez precisa que el dueño de la empresa, Rafael González Palomo, su hijo, un adjunto a la dirección y el comercial Juan Andrés Bruguera, el único que queda preso en esta causa, formaban «la dirección de una organización criminal».
Para contratar con las administraciones de todo el país, actividad que comenzaron en 1995, «acudían habitualmente a prácticas de corrupción», dando comisiones ilegales o regalos para lograr las adjudicaciones, haciendo menos trabajos de los facturados o acudiendo a «prácticas de corrupción del propio mercado», según la juez.
Los regalos eran muy variables, desde el más bajo, una noche de hotel por 81 euros, hasta comisiones periódicas que sumaron un millón de euros, pasando por material informático, móviles, caviar, viajes o incluso un equipo de lavado a presión, obras en viviendas particulares o la limpieza de un piso por 220 euros.
