El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que el Gobierno «respeta y defiende la independencia del poder judicial porque cree en el Estado de Derecho, el imperio de la Ley y la separación de poderes», lo cual es un principio básico de la democracia y protege la Constitución. «Es el ABC de cualquier democracia constitucional», ha añadido.
Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Pleno del Congreso de los Diputados.
«El Gobierno apoya la ley que interpreta la decisión marco europea, eso apoya el Gobierno, el partido que lo sustenta y para eso hemos trabajado», ha expresado, para precisar que el Ejecutivo acatará, «como siempre ha hecho» y «le guste más o menos», la aplicación de la ley «conforme a derecho» que adopten los tribunales.
El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para espetar al diputado de Amaiur Iker Urbina, abogado de presos etarras, que «no está autorizado» para «dar ningún tipo de clase» sobre separación de poderes, imperio de la ley y respeto a la independencia judicial porque «efectivamente es ETA la que mantiene a sus presos en prisión». «Usted lo sabe», ha remachado.
Poco antes, Urbina ha advertido de que los tribunales europeos dictaminarán que España vulnera los derechos fundamentales de los «presos vascos» al aprobar una ley que restringe la decisión marco del Consejo de Europa. «Menos presiones, menos excepciones y más soluciones como le reclama la sociedad vasca y exige el momento político», ha apostillado.
«No nos venga con el cuento de que ETA mantiene presos en prisión, son ustedes los que le mantienen en prisión vulnerando su derechos fundamentales y a cientos de kilómetros», ha dicho Urbina.
En este sentido, el diputado de Amaiur ha acusado al PP de cambiar de criterio sobre la normativa europea que llevó al Parlamento y de «ser capaz de presionar» al Tribunal Supremo con el fin de «satisfacer a los sectores más ultras» en relación al «conflicto vasco».
Precisamente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se reunió este martes aunque no adoptó finalmente ningún criterio general sobre cómo debe aplicarse la normativa europea que permitiría restar a presos de ETA el tiempo transcurrido en prisiones de otros países de la Unión Europea. Volverá a reunirse el 13 de enero tras oír al fiscal y al preso Kepa Picabea Ugalde sobre si debe aplicar la Ley que entró en vigor el pasado día 3 y que pone límites a estas acumulaciones de condena.
También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido preguntada por este tema en los pasillos del Congreso: «El Supremo ha decidido dar audiencia a las partes y al fiscal, imagino que para cubrir rigurosamente el procedimiento, y nosotros esperaremos su decisión en enero», ha contestado.
