Los jueces y juezas de violencia sobre la mujer acordaron en el tercer trimestre de 2014 un total de 4.918 órdenes de protección, lo que supone el 56 % de las solicitadas. En total, se interesaron 8.807 órdenes de protección en ese periodo, un 3,02 % más que en el mismo trimestre del año anterior.
Así se desprende de los datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con sede en el Consejo General del Poder Judicial.
En cuanto a las 15.410 medidas penales adoptadas tanto en el ámbito de las órdenes de protección como en el de otras medidas cautelares, en un 88,6 % de los casos se establecieron medidas de alejamiento, en un 89,2 % de prohibición de comunicación y un 3,7 % fueron medidas privativas de libertad.
Además, se adoptaron 3.575 medidas civiles derivadas tanto de órdenes de protección como de las otras medidas cautelares de protección a las víctimas.
Así, en el 24,2 % de las órdenes de protección se acordaron medidas de prestación de alimentos, en el 20,7 % de atribución de vivienda, en el 5,5 % de suspensión de la guarda y custodia de los hijos, en el 2,6 % de suspensión del régimen de visitas y en el 0,7 % se adoptaron medidas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
Aumento de las sentencias condenatorias
Los órganos competentes en el ámbito de la violencia de género -Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales- dictaron 10.204 sentencias penales en el tercer trimestre de 2014, de las que más de un 64 por ciento (6.542) fueron condenatorias.
Este porcentaje supone un incremento de casi dos puntos con respecto al del mismo trimestre del año anterior, que se había situado en el 62,4.
Ante estos datos, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha querido resaltar que «más allá de los datos estadísticos, creo que, en primer lugar, debemos seguir insistiendo en la necesidad de una mayor implicación de toda la sociedad en el problema de la violencia doméstica y de género».
Y ha incidido en «la necesidad de denunciar para que exista una mejor respuesta institucional de protección a la mujer y a sus hijos, debe venir acompañada de esa mayor implicación que solicito a todos, instituciones, medios de comunicación y ciudadanos para que no nos instalemos en la rutina y en la fatalidad».
«Como presidenta del Observatorio quiero, por último, insistir en la necesidad de una rápida tramitación parlamentaria de los Anteproyectos y Proyectos de Ley que afectan a la violencia de género: Estatuto jurídico de la víctima del delito, leyes de protección a la infancia, ley de asistencia jurídica gratuita y Proyecto de Código Penal», ha conluído Ángeles Carmona.
