El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes su propuesta de candidato para ser el próximo fiscal general del Estado, en sustitución del dimisionario Eduardo Torres-Dulce. Para este puesto ya suenan algunos nombres como el de Pilar Fernández Valcárcel, el de Fernando Grande-Marlaska, Antonio del Moral, Miguel Colmenero o José Manuel Maza.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llevará hoy su propuesta –el nombre de su candidato- al Consejo de Ministros para que, tras su aprobación, sus requisitos sean examinados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En las quinielas sobre el sustituto de Torres-Dulce aparece en primera línea la fiscal del Tribunal Supremo, con categoría de fiscal de Sala, Pilar Fernández Valcárcel, muy bien vista por la carrera fiscal.
También suenan otros nombres como el del presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, -quien también es vocal del CGPJ-, o los magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la carrera fiscal Antonio del Moral o Miguel Colmenero, ambos conservadores e integrantes de la Sala de lo Penal del alto tribunal. De esta misma Sala es José Manuel Maza, que es otro de los posibles candidatos según fuentes consultadas por Confilegal.
Otras fuentes consultadas por este medio no descartan tampoco que sea una persona con más perfil político, aunque no se aventuran a dar nombres.
Una vez conocido el candidato, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces debe cumplir determinados requisitos formales, que son los que debe analizar el CGPJ, como son el de ser un juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, según establece el Estatuto Fiscal en su artículo 29. Algo que hará el Pleno del CGPJ el próximo 22 de diciembre.
Una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados. La persona elegida comparecerá el 8 de enero ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad.
Después, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
