Eduardo Torres-Dulce ha presentado su dimisión como Fiscal General del Estado. Oficialmente, argumentó “razones personales”, pero desde hace tiempo sus relaciones con el Gobierno eran malas.
Torres Dulce ya había amenazado con dimitir en varias ocasiones al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y recientemente al actual, Rafael Catalá. Eran notables las tensiones y la ausencia de sintonía con el Gobierno que, legalmente, no podía destituirle, pero sí esperar a que él formalizara su dimisión.
Su escaso peso político en el Gobierno le dejaba al margen de esas decisiones y, a su vez, el Ejecutivo y el PP le achacaban falta de acción e influencia en los grandes casos de corrupción, así como escasa autoridad para dirigir un cuerpo autónomo, pero jerarquizado.
Uno de sus mayores enfrentamientos con el Gobierno los provocó el caso Bárcenas. Dirigentes del PP no entendieron nunca que fuera la fiscalía quien provocara el ingreso en prisión de Luis Bárcenas, cuando la acusación popular pedía prisión eludible con fianza, es decir, menos que el ministerio público.
Aunque para muchos la gota que colmó el vaso fueron las diferencias de fondo al final sobre la querella contra responsables de la Generalitat de Cataluña sobre el 9-N, aunque sí hubo tensiones graves esos días con el Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce gestionó la crisis, así como por el alcance de la acción penal. La conclusión es que la Fiscalía presentó la querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros como pretendía desde el primer día el Gobierno.
