Antonio García Noriega: «A mí me consta que hay denuncias falsas en violencia de género»

«El rey va desnudo». Con esta simple frase podría resumirse el enfoque que el abogado Antonio García Noriega le ha dado a su libro, “La justicia enferma”. En él analiza, de una forma cruda y directa, cómo se encuentra y no duda en ser políticamente incorrecto y afirmar que hay denuncias falsas en violencia de género o en señalar la falta de formación de los secretarios judiciales.

Antonio García Noriega es un abogado especializado en dos campos: antiblanqueo de capitales y constitucional. Tiene una larga y prolífica carrera. Quiso ser juez pero descubrió que le apasionaba el ejercicio libre de la Abogacía. Ha viajado, conoce mundo, y ha aprendido a llamar a las cosas por su nombre. Su libro es una buena prueba de ello porque no se ha mordido la lengua. Sin miedo, afirma que le consta que hay denuncias falsas, critica el sistema «acientífico» que se utiliza para determinar la peligrosidad de un potencial agresor de violencia de género o la nula formación de los secretarios judiciales para cometidos de dirección de la nueva oficina judicial, para los que no han sido capacitados, entre otras cosas.

Lamenta el actual estado en que se encuentra la justicia que, en muchos aspectos es como una pesadilla de Kafka. Pero por encima de todo lamenta que no esté en la agenda política. «Ni está ni se la espera», dice.

Se habrá quedado usted a gusto después de escribir su libro, ¿no?

No crea. Deberiamos concienciarnos en lo importantísimo que sería arreglar esta materia. La sanidad, la educación y la justicia son temas que deberían estar en la agenda política. La justicia, hoy por hoy, ni está ni se la espera. Y es una pena.

Usted habla en su libro de que hay denuncias falsas. Ya sabe lo que se dice oficialmente. ¿A usted le consta de que existen? ¿Conoce casos?

A mi me consta que hay denuncias falsas en la violencia de género. Y puedo dar nombres y apellidos. Yo aquí no he escrito nada que no pueda documentar. Hay que tener en cuenta una cosa: El escape de la denuncia falsa es que el juez no entra en decir que es falsa. El juez dice que los hechos no están probados. Como el juez no dice rotundamente en la sentencia que esto es infumable. No se lo puede creer nadie. Hay veces que lo dicen en la sala, en el interrogatorio, y luego, sin embargo, no lo ponen con claridad en la sentencia. Siempre dejan el espacio a la duda y eso impide que se pueda actuar por el delito de denuncia falsa o el delito de calumnia.

Si tuviéramos que destacar algo en su libro sería el tono. Es un tono crítico, cargado de datos, cargado de razón y sin ningún miedo. No se ha contenido. Por ejemplo, la forma con que desmonta el sistema con que se calcula la peligrosidad de un potencial agresor en la violencia de género. 

Cualquier varón puede ser considerado peligroso por un cabo de la Policía Local, la Guardia Civil o un agente, sin mayor formación –y que no ha dormido bien por la noche-, porque puntúa tal número de equis en el formulario. Es un sistema completamente acientífico. No tiene ninguna base seria sobre la que sostenerse.

Con la información de ese formulario los jueces alejan a los hombres de sus hogares “provisionalmente”, se dice. Pero yo conozco provisionalidades que han dado con gente colgadas de una cuerda o arruinadas.

Ese hombre llega al Juzgado y el Juzgado, salvo que el juez, haga la labor heróica, o crítica, de considerar que el guardia no es fiable -cosa que a veces hacen y a veces, no- se va a encontrar con que el fiscal, en principio, va a sostener la opinión policial. Y entonces ese hombre va a ser considerado peligroso de un modo, repito, completamente acientífico. De un modo intuitivo.

Cuando se juega con los derechos fundamentales de las personas no se puede jugar con la intuición. Hay psicólogos forenses. Llévelo usted al psicólogo forense. Pero no me venga diciendo que el formulario lo ha rellenado el cabo

¿Está usted seguro de que ese formulario no tiene ninguna base científica?

Ninguna. El juez puede hacerle caso o no hacerle caso. Pero, ¿qué es lo que pasa?, ¿quién es el juez que tiene los arrestos de decir yo no voy a hacer caso a esto y a exponerse a que ese hombre sí sea peligroso? Que le pegue la ventolera y ese día mate a su mujer o  le pegue una paliza.

¿Qué es lo que hacen los jueces entonces? Ante la duda aplican el principio de precaución. ¿Y cuál es ese principio? Pues cargarme la presunción de inociencia y poner tierra por medio entre los combatientes o posibles combatientes. Si le pongo a uno a más de quinientos metros de la otra pues no se pegarán. ¿Eso es justo? Pues no lo es, desde mi punto de vista.

Usted dice en su libro abiertamente que de esto vive mucha gente y que por ello se mantiene…

Sí, lo digo así de claro y así de rotundo. El problema que tiene la Justicia española es que muchas instituciones dependen del Telediario. Usted recordará un ejemplo que pongo en el libro: las mordeduras de perros. La famosa campaña de mordedura de perros. Antes los perros eran peligrosos. Después dejaron de ser peligrosos, pero da lo mismo. Ahora tienen todos un seguro y las compañías de seguros están encantadas.

Igual que de eso hay gente que vive de la ley de violencia de género. Se han constituido asociaciones, que algunas son serias y otras no. Algunas son asociaciones ideológicas y esas asociaciones solamente por eso tienen prácticamente asegurado participar en el pastel de las subvenciones.

Son asociaciones que no son altruistas. En algunas de ellas va una mujer a que le lleven un pleito y si tiene medios, le cobran, como es lógico. Pero si esa mujer no tiene medios, la asociación no suple la justicia de oficio. Simplemente reconduce el pleito a sus propios abogados en régimen de turno de oficio. Se está captando una clientela.

Luego esa mujer que es pobre, técnicamente, deja de serlo cuando se liquida la sociedad de gananciales, con lo cual ahí tenemos un caladero de clientes. Hay psicológicos, oficinistas, un montón de gente que alrededor de eso ha creado un medio de vida. Muchas de esas asociaciones desaparecerían si constatásemos su absoluto inutilidad.

¿Qué es lo que pasa? Que el sistema actual permite que todo aquel que diga violencia de género pueda llegar a vivir de ello, cosa que no pasaría si hubiera un tratamiento científico y serio del asunto. Porque muchas de las supuestas labores de esas asociaciones deberían ir encaminadas a instituciones que tienen capacidad y experiencia, como Cruz Roja.

Sin embargo, a Cruz Roja le están sustrayendo recursos para dárselos a estas asociaciones. ¿Por que no e quita esto de un plumazo? Porque forma parte  del «lobby feminista del PSOE», del partido tal o del partido cual, en palabras de Joaquín Leguina. La expresión es correcta. Hubo un tiempo, el de Bibiana Aído, Leire Pajín, Trinidad Jiménez.  Esas fueron las cabezas visibles de una serie de desmanes que se hicieron. Pero luego, como los demás gobiernos, también legislan en parte para el telediario, ¿quién es el guapo ahora que deroga la ley de violencia de género?

También se refiere a los secretarios judiciales y dice de ellos que han querido convertirlos en los directores de la Oficina Judicial y que no tienen ni idea de contabilidad, de organización de recursos humanos, de eficiencia administrativa, de informática… Desde su punto de vista, ¿son inoperantes?

Sí, son inoperantes en lo suyo, en lo que se les ha confiado. Esto es como confiar la cocina de un regimiento a un coronel. Puede ser un magnífico militar, pero no es un cocinero. El problema de los secretarios es que la formación que se les ha pedido es una formación jurídica. Son juristas. No son organizadores de empresa. Es posible, no lo sé, que haya que plantearse que en la oficina judicial tenga que ser llevada por profesiones no jurídicas. A lo mejor hay que planteárselo.

Lo cierto es que los secretarios judiciales son gente perfectamente formada para el mundo del derecho. Tienen la misma capacidad acreditada de un juez, pero lo que se les pide es que hagan otra cosa diferente. Ellos no tienen la culpa.

¿Y lo pueden hacer?

Yo creo que tal como está configurado el asunto, no. Hay que cambiar completamente la mentalidad. Si hemos dicho que la oficina judicial no tiene por qué depender del jefe, del juez, porque esto no es una cuestión jerárquica, porque esto no es un regimiento, tenemos que ser consecuentes. Lo que deberíamos plantearnos es si realmente, en el siglo XXI, cabe que una estructura organizativa se confíe a personas a las que no se les pide una formación ni se les forma posteriormente en esa materia, cuando la Universidad está dando veinte profesiones organizativas.

Y ya digo que no sé si la solución está en sacarlo del ámbito jurídico, pero puede ser. Si no, por lo menos, cojan ustedes a los secretarios, llévenlos un año a la Escuela Judicial y formenles en lo que tienen que dominar.

De las estadísticas judiciales usted afirma que no responden a la realidad, que se cuentan tres o cuatro asuntos como uno. 

Sí, es así.

¿Quiere usted decir que en vez de 9 millones de asuntos judiciales tenemos 3 millones? Podría deducir de sus palabras que jueces y secretarios están falseando las estadísticas… 

No, yo no digo eso. Yo digo que presentan las estadísticas de modo que la percepción que se tiene del volumen de trabajo no se corresponde con la realidad. No es lo mismo. Me lo estuve pensando antes de escribir sobre este tema. Yo tengo jueces y secretrarios amigos que no son delincuentes. Un poco jetas, algunos sí, pero no son delincuentes.

El tema es el siguiente. Si yo digo que he tenido dos juicios de faltas y he tenido sólo uno, estoy cometiendo una falsedad en un documento público. Si yo digo, sin embargo, que he tenido un juicio de faltas y un ordinario, y unas diligencias preliminares, y un juicio por delito, y no digo que todo eso corresponde al mismo asunto, a los mismos justiciables y a la misma razón de pedir, realmente no estoy mintiendo en cuanto a que he llevado cinco asuntos.  Estoy dando a entender que la justicia española está resolviendo cinco casos, pero no está resolviendo cinco. Está resolviendo uno. Lo que pasa es que cada asunto se enumera hasta 4 veces como cosa normal.

¿Por qué no se cree usted la eficacia del sistema disciplinario de los jueces?

Que en un colectivo de 5.000 miembros sólo se haya sancionado en un año a 16 equivale a un porcentaje de un 0,3 por ciento de resoluciones disciplinarias positivas en relación al número de jueces. En relación al número de reclamaciones presentadas contra estos, de 1.048 reclamaciones presentadas, las 16 medidas disciplinarias constituyen el 2 por ciento. ¿Sólo 16 de más de 5.000 jueces han mereceido una medida disciplinaria en todo un año? Es decir, el 99,7 por ciento de todos ellos son ortodoxos en todas y cada una de sus actuaciones. Esa perfección es más propia de ángeles que de humanos. Quizá es que el sistema de detección es muy imperfecto.

Según su punto de vista, la Justicia española está mal configurada y peor administrada.

Sí. El régimen de trabajo en los juzgados no sería homologado de ninguna manera en una empresa privada. Le pongo un ejemplo. Creo que en la Caixa tiene 28.000 empleados. Hablo de memoria. El BBVA, treinta y tantos mil. El Banco de Santander habla de 200.000 empleados en su grupo. Justicia española: cuarenta y tantos mil. ¿De verdad que el volumen de trabajo de la Justicia española es equiparable a cualquiera de esas entidades en el día a día? Y en uno se trabaja a 24 horas, fecha valor, en otro se trabaja a un año, a vuelva usted mañana, a 5 meses.

También, señor García Noriega, es muy crítico con los funcionarios, de los que dice que trabajan cuatro horas y media o cinco al día. No los llama vagos, pero vamos…

Todos no, pero muchos sí. Hay algunos que trabajan como desgraciados. Nueve horas, pero, ¡cuidado! que no me conviertan la excepción en regla. Eso si que no. Hay juzgados que tienen un funcionario que está todo el día en plan flexo y camilla y tiene otros diez compañeros que trabajan cinco horas. Hay muchos funcionarios españoles que trabajan cinco horas. Y ahí está la anécdota de los relojes de fichar. Si tanto trabajan, ¿por qué se niegan a que haya relojes de fichar y los boicotean?

Hablemos de las fianzas en casos de alto perfil mediático. ¿Las fianzas se están utilizando por parte de algunos jueces para censurar a algunas acusaciones populares?

Por parte de algunos jueces, sí. Cuando un juez no quiere que haya una a cusacion popular tocándole las narices el instrumento más fácil que tiene es ponerle una fianza alta. Como además son asuntos que tienen una trascendencia económica muy alta pues el juez tiene mucho margen de maniobra.

El secretario general de Manos LImpias, Miguel Bernad explicó recientemente que en el caso Urdangarín la fianza fueron cero euros, en el caso de los ERE de Andallucía fueron 300 euros, en el caso de Pujol Ferrusola 20.000  y en el caso de Neymar 60.000 euros…

La acusación popular es un incordio. A veces es buena, pero muchas otras veces es un incordio para el juez y para el fiscal. Por ejemplo, si no hubiera habido acusación popular en el caso Urdangarín hoy estaría ya archivado. Porque el fiscal había pedido el archivo y la Abogacía del Estado también. Ese asunto se sostiene porque hay acusación popular.

¿Y los macroprocesos? Asegura que no sirven de nada…

Sí. En el caso de los ERE de Andalucía cogeran unos cuantos cabezas de turco. Quizás alguno de primer nivel, pero porque están quemados. Si no lo estuvieran, no caerían. Cogeran a algunos cuantos de segundo nivel. Y vamos a ver cuántos salen. Cuántos entran en la cárcel en el tanto por ciento. Lo digo porque hay una manera de absolver, que es no hacer una condena efectiva. Yo como abogado lo hago cada vez que puedo. Pacto con el fiscal, en vez de dos años y cuatro meses, dieciocho meses. De ese modo mi cliente no entra en prisión.

También aborda la figura de los jueces estrella y habla de un juez en concreto, Javier Gómez Bermúdez. Dice, con cierta ironía, que va con sombrero, con fular para autopromocionarse. ¿Por qué no le gusta este estilo de juez?

Porque el juez estrella no consigue que la opinión pública capte la atención del proceso sino que capte la atención en él. Y él luego controla el proceso. Legalmente, con excesos o sin excesos. Al final, los jueces estrellas terminan mandando cartas de «querido Emilio». A los jueces estrellas les terminan escribiendo un libro a los veinte días del mayor proceso de la historia de España.

Es usted muy duro.

¿Se imagina usted cómo hubiera sido la vista del 23-F si en vez de llevarse como se llevó, mal en muchas cosas, bien en otras, usted se imagina si esa instrucción se hubiera confiado a un juez estrella? Ahora mismo tendríamos diez libros sobre el tema y conferenciando sobre derecho militar. Son negativos por definición.

Tampoco deja pasar algo que es sagrado: el llamado sentido de Estado, que usted define como actuar por criterios de conveniencia política en vez de atenerse a la ley. Así, «a palo seco».

Sí porque el sentido del Estado es la razón de Estado. Hemos vuelto a Luis XIV. Un ejemplo de esto fue el caso Banca Catalana. Entonces se consideró que exculpar a Pujol, que es un presunto golfo de siete suelas. La actuación de la justicia española fue calificada entonces por algunos miembros de la propia sala que tomó la decisión como casi cobarde o timorata. Es un buen ejemplo de «esa» razón de Estado.

Y arremete contra el turno de oficio, que gestionan «los suyos», y afirma que hay compañeros que se benefician de ello…

Sí, conozco casos. Cuando uno está detenido es una situación traumática. Nadie tiene de sí mismo el sentimiento de ser un delincuente. Cuando alguien es llevado a un cuartelillo de la Guardia Civil o a una comisaría de Policía toda nuestra idea de cómo nos protege la manada se viene abajo. El detenido queda hecho una piltrafa. Tiene una sensación se desconcierto tremenda. En ese momento firma todo lo que se le ponga delante y sobre todo firma lo que le  ponga su propio abogado. El abogado te defiende, te plantea aquello como algo secundario pero en la carta de derechos que te leen te dicen, «si usted no designa uno se le pondrá de oficio». Pero no se le dice, «con la advertencia de que podrá no ser gratuito». Simplemente si se dijera eso, al añadirlo, todo el tinglado se les caería. Un abogado de oficio no tiene porqué ser gratuito. Para algunos bufetes es una buena forma de captación de clientes.

Pero las estadísticas…

Las actuaciones de estos defensores de oficio penales se integran en las estadísticas como servicios sobreentendidamente gratuitos prestados a los ciudadanos. No es cierto. El abogado de oficio tiene derecho al cobra de su minuta salvo que el justiciable tenga derecho a justicia gratuita. Es asistencia de oficio pero no asistencia «de gratis». Hay que pagarla. No sabe usted la sorpresa que se llevan algunos cuando reciben la minuta de los abogados. No es injusto, si tienen medios, pero es una encerrona. Eso hay que explicárselo antes. Las cifras de asistencia penal se presentan públicamente como si fueran asistencias gratuitas a justiciables sin recursos, lo que no es cierto.

Usted es muy crítico con las tasas, pero no está en contra. Explíquese. 

Sí, creo que están mal puestas. Primero en cuantía, segundo en el momento de ponerlas, tercero en la cobertura. Yo me muevo entre dos polos, el primero: cuando es gratuito es utilizado con menos criterio que si no es gratuito. Se me podrá decir que la justicia es algo tan básico que debe ser gratuito en cualquier caso. Bueno vivimos en una sociedad en la que nos cobran el agua potable. Pagamos la electricidad. Hay familias que están en una situación lastimera que pagan la electricidad. La sanidad no es gratuita. La pagamos, de uno modo u otro. No tenemos sanidad gratuita universal.

El hecho de que la justicia se pague no es una aberración conceptual. Otra cosa es que ese pago lo haga impeditivo del acceso. Todos admitimos que el Ayuntamiento debe cobrar el agua, pero también debemos admitir que nadie se debe debe morir de sed. A nadie se le debe cortar la luz por penuria económica. Creo que tendría que haber otros organismos que fueran los que articularan una normas compensatorias. O habrá que estudiar exenciones. Ahí hay un campo para la justicia gratuita. También soy crítico de cómo se articulan las exenciones actualmente.

Dicho esto, primero una cosa es que haya  tasas y otra cosa es que te pongan 800 euros de tasa por recurrir la sentencia de un juicio en el que apenas estás discutiendo esa cuantía. Lo que se está haciendo es disfrazando de tasa una barrera para que no apeles. De lo que se trata es de limitar el acceso a la  justicia.

Y luego el momento en el que se pone. Se debería cobrar las costas al condenado no al individuo que tiene razón.

Usted hacer referencia al juez estadounidense, Richard Posner, como el gran gurú de este planteamiento, y dice que parece haber sido la inspiración para el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y su equipo, en la implantación de las tasas en España. ¿Cree usted que ha sido mal entendido?

Posner es mucho más racional que lo que puso Gallardón. La tasa por definición no es un impuesto, es un tributo. El impuesto se puede poner por capacidad económica. La tasa es la estricta contraprestación de un servicio. Si a mi  prestar ese servicio me cuesta 4 pesetas, yo no puedo cobrar 5. Porque entonces estoy poniendo un impuesto encubierto. No es una  tasa. Si pongo 4, sí es una tasa.

Si la tasa es la tramitación material del asunto, no podemos poner las tasas en el primer momento, en el primer escalón, porque impide tener acceso a la Justicia. Como se han puesto. Otra cosa es ponérsela a los que pierden sentencia. No podemos ponerlas por esas cuantías. Es un despropósito. Y una vulneración de la tutela judicial efectiva.

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