La Audiencia Provincial de Baleares prevé celebrar el juicio del caso Nóos, con la Infanta Cristina en el banquillo, en 2015. Hasta un total de 17 acusados y más de 300 testigos comparecerán a lo largo de una vista oral que prevé alargarse durante varios meses.
Después de que el juez José Castro haya acordado la apertura del juicio oral de la causa, los inculpados disponen de veinte días hábiles para presentar sus escritos de defensa a fin de rebatir las imputaciones vertidas contra ellos por parte de la Fiscalía.
El juez intructor del caso, José Castro, considera que la Infanta Cristina debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.
Tras el plazo de 20 días para presentar los escritos de defensa -lo que se prevé a finales del próximo mes de enero-, Castro remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 60 tomos, y futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.
De este modo será fijada la fecha para la celebración de la vista, cuyos interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su ex socio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin-, el tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo su constitución y cuál fue el papel que ejerció la hermana del Rey Felipe VI al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Castro sostiene que, al contrario de lo que opinan las defensas y el fiscal Pedro Horrach, la doctrina Botín no es aplicable en este caso para exonerar a la Infanta. La doctrina Botín impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI, por dos delitos fiscales.
Finalmente, otro de los asuntos que ha centrado la instrucción del caso y será abordado durante el juicio es la estructura fiduciaria que habría servido para desviar fondos al extranjero, de cara a evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas y ocultar a sus verdaderos beneficiarios así como lograr tributar menos que en España. Una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).
Entre los testigos propuestos se encuentran el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.
