Casi un millón de kilos de droga incautada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido destruida a lo largo de los dos últimos años.
Esta es la consecuencia directa de la aprobación del Protocolo interministerial y judicial suscrito en 2012 entre los ministerios de Interior, Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.
Hasta la existencia de ese protocolo los alijos se solían guardar en almacenes hasta que la sentencia contra los procesados se hacía firma. Entonces se procedía a su destrucción. La droga, durante todo ese tiempo, que podían ser años, permanecía bajo custodia, con una vigilancia, en depósitos bajo el control del Ministerio de Sanidad.
Esto facilitó que en 2011 fueran robados 300 kilos de cocaína de un depósito, en Málaga, y de 290 kilos de la misma sustancia en otro depósito, en Cádiz, un año después.
A esto se unió el gran escándalo, en 2010, en Sevilla, cuando se descubrió que se habían sustraído 154 kilos de cocaína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de la capital hispalense. Un robo que se realizó poco a poco a lo largo de 2007 y 2008.
Gracias al Protocolo citado ya se puede destruir la mayor parte de la droga almacenada procedente del tráfico ilícito. De esta forma se ha reducido en un 50 por ciento el volumen almacenado.
El Protocolo de colaboración interministerial y judicial que regula la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas sistematiza la colaboración de todos los organismos que intervienen (Juzgados y Tribunales, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Delegaciones del Gobierno, técnicos y laboratorios) y establece procesos estandarizados desde la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, su análisis y reserva de muestras, hasta su destrucción final.
