La Ley Integral cumple 10 años con muchas mejoras pendientes
Yolanda Rodríguez, directora adjunta de Confilegal.com
El 28 de diciembre de 2014 se ha cumplido el décimo aniversario de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, más conocida como Ley Integral, que supuso un antes y un después en la prevención y persecución de los malos tratos de las mujeres en España.
Desde su implementación casi 680 mujeres han perdido la vida según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En el año 2012 se decidió recoger estadísticamente los menores de edad que se quedan sin madre en cada uno de estos asesinatos. Sólo este año, en 2014, han sido 40 los niños huérfanos.
Nuestro país fue pionero en la implantación de normas para erradicar esta lacra social, a través de Ley Integral. Una ley que fue respaldada por mayoría absoluta el 22 de diciembre de 2004 y que entró en vigor el día 28, de eso hace ahora 10 años.
La Ley Integral supuso un hito a nivel tanto nacional como internacional. Por primera vez nuestro ordenamiento dejaba claro que la violencia machista no es un asunto privado y que la misma es el resultado de la desigualdad persistente entre hombres y mujeres. Gracias a esta norma no solo se han articulado en esta década una serie de instrumentos policiales, judiciales y asistenciales, sino que también se ha ido consolidando una conciencia social cada vez más firme contra los maltratadores.
Sin embargo, aún hoy, es fundamental dotarla de medios y seguir desarrollándola, eso sí, intentando contar con el mismo consenso parlamentario que respaldó el texto original.
Aún queda mucho por hacer, por ejemplo, potenciar la evaluación policial del riesgo, a fin de que el juez consiga cuanto antes una aproximación de la situación en que se encontraba la víctima en el momento de la denuncia para dictar medidas cautelares de protección en consecuencia.
También es necesario, que en virtud de la misma Ley, se pueda realizar un evaluación adecuada de la víctima en unidades de valoración forense, que con un equipo de psicólogos, médicos y trabajadores sociales, tendrían que prestar servicio en los juzgados especializados y analizar tanto la situación general de la mujer como el perfil de su agresor para dar al juez una información lo más amplia posible. Sin embargo, esta medida no se han implantado en todo el territorio nacional. Sólo hay diez unidades de valoración forense en todo el país para 47 millones de habitantes.
A todo ello hay que unir el recorte presupuestario en esta materia en 2014, denunciado por organizaciones de mujeres y formaciones políticas, aunque el Gobierno ha contemplado un incremento para el año 2015, fundamentalmente en las partidas de sensibilización que sufrieron un mayor recorte en el inicio de la legislatura. La educación es fundamental para combatir la violencia de género.
Además, existe poca formación en esta materia dentro de la carrera judicial, fiscal o del propio turno de oficio, aunque en los últimos años sí se ha apostado por ello.
La lucha contra la violencia de género es algo que nos incumbe a todos y por ello es necesario mejorar la Ley Integral, dotarla de medios y combatir esta lacra que cada año se cobra en nuestro país más de 50 mujeres. Una sola mujer muerta ya sería demasiado.
