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Los ponentes de la Ley Integral de Violencia de Género hacen balance 10 años después

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Varios de los diputados que participaron hace diez años en la ponencia previa a la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género hacen balance en este aniversario. Algunos piensan que es el momento de cambiarla, mientras otros inciden en que hay que dotarla de más medios para que sea efectiva.

La normativa, la primera que sancionó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue respaldada por mayoría absoluta el 22 de diciembre de 2004 y entró en vigor el día 28.

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Desde su implantación sólo se ha tocado el Código Penal para introducir a los hijos de las maltratadas como sujetos directos de la protección que brinda la ley y si bien aún no existe un documento cerrado que defina nuevos cambios, el Ministerio de Sanidad viene trabajando con grupos parlamentarios y sociedad civil para recoger propuestas de reforma.

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Ahora 10 años después, algunos de sus ponentes hacen balance. «La Ley fue un paso adelante por lo que tuvo de consenso y de vanguardia. Un consenso reflejado en el Parlamento y una muestra de vanguardia que ponía una piedra más en la construcción de la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer a manos de sus parejas o ex parejas», señala Susana Camarero, ponente en 2004 por el Grupo Popular y actual secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

   Camarero recuerda que «que la concienciación ciudadana y social contra un fenómeno como la violencia de género ya se venía manifestando», con la aprobación de un Plan de Acción en 1996 y de la Ley Reguladora de la Orden de Protección de 2003 y destaca que «poco a poco se ha construido un sistema de conocimiento, concienciación, recursos, instrumentos, ayudas económicas, operativos de asistencia, de formación y de recuperación que es pionero en el mundo». «Hemos avanzado con paso firme, de gigante y de modo persistente», afirma.

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   Para Esperança Esteve, ponente de la ley por el Grupo Socialista, «la Ley Integral permitió dar visibilidad a un problema que hasta entonces, se valoraba y se tenía en cuenta en el ámbito privado con esa lógica de que entre marido y mujer nadie se debe meter«. «Pasó a ser considerado un problema social y un problema de igualdad, basado en la asimetría entre el hombre y la mujer, generando poco a poco un rechazo de esta forma de violencia en la sociedad. Esta fue la gran aportación», ha apuntado.

“Una auténtica revolución”

Para Mercè Pigem, que fue ponente por CiU, la ley supuso «la consagración definitiva de que abordar la erradicación de la violencia de género era una prioridad y era una cuestión pública, un deber del Estado, y nunca más un tema de orden privado entre la pareja». Además, destaca «la integralidad de la ley» y que conformó derechos y deberes exigibles, frente a los citados planes, «valiosos sin duda pero con un rango normativo y de exigencia muy distinto».

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   Uxúe Barcos, ponente de la ley y diputada por Nafarroa Bai en 2004, incide en la perspectiva internacional y destaca que la ley es «clarísimamente un referente en otros países». «Mirando a casa, es una ley que marcó un antes y un después en la concepción de qué es violencia de genero y por tanto un elemento fundamental para luchar contra ella, no sólo por la vía de la acción judicial y punitiva sino en acción por la prevención y la educación», afirma.

   Margarita Uría, que fue ponente por el PNV, señala que si bien «la pretensión al legislar fue dar una respuesta integral», al final «se quiso dar excesiva visibilidad a la respuesta penal, cuando lo educativo y social es lo que puede conseguir que disminuyan o desaparezcan las conductas criminales». Además, considera que «en lo que respecta a la dedicación de esfuerzo y medios para políticas educativas y sociales, salvo excepciones como la Administración Vasca, se han notado los recortes presupuestarios o los cambios ideológicos».

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Mejor aplicar que reformar

A diez años vista, difieren en la necesidad de modificarla o no. Susana Camarero incide en que la ley «salió del Congreso como ejemplo de consenso político» y «por tanto, si se cambia, ha de hacerse sobre una base sólida de consenso parlamentario». «Todo es mejorable, es evidente, pero conviene reparar en un aspecto esencial: España no parte de cero, cuenta con un sistema avanzado, coordinado y eficiente. ¿Se puede hacer más? Por supuesto, pues por desgracia, la violencia de género es parte de nuestra realidad», reflexiona.

   «No es necesario cambiarla, lo que hay es que aplicar la ley y desplegarla en todos sus objetivos y en todas sus disposiciones y articulado y eso es lo que en los últimos tres años no se ha hecho», denuncia la también ponente socialista Mariví Monteserín coincidiendo en su postura del también socialista Julio Villarubia, para quien «por supuesto que hay cosas que se pueden cambiar, pero son matices sin importancia en comparación con la necesidad de aportar recursos para que se desarrolle».

Algunos aspectos quedaron pendientes

Margarita Uría señala asimismo dos aspectos puntuales en este sentido: incluir en el concepto de violencia de género las relaciones entre personas del mismo sexo «en las que también se da el dominio, sometimiento o humillación» y eliminar la prohibición legal de mediación que existe en estos casos, pues considera que «podría ser eficaz en ciertos supuestos leves o incipientes».

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   Mercé Pigèm, por su parte, afirma que «los hijos menores no encontraron un lugar adecuado en la Ley». «Lo digo ahora y CiU lo dijo desde el primer momento, presentando una enmienda a la Ley en este sentido, que no prosperó. Es cierto que la violencia de género se ejerce contra las mujeres, pero también lo es, y la realidad tristemente nos lo va demostrando, que los hijos e hijas menores son también víctimas directas y que en ocasiones son utilizados y hasta asesinados para golpear a las madres», explica.

   Para Uxúe Barcos hubo aspectos que se quedaron «quizá no bien diseñadas en todas sus posibilidades» y plantea el caso concreto de la violencia en personas mayores, donde «falta una identificación clara de lo que son estrictamente muertes o daños por violencia de género» y lo que corresponde a situaciones como la demencia senil. Además, entiende que la ley «debería haber sido más ambiciosa en establecer las partidas económicas para llevarla a efecto en toda su rotundidad y ahí habrá que profundizar«.