Las fianzas impuestas por el juez del caso Nóos a los duques de Palma suman 16.243.160 euros, 2.702 millones de las antiguas pesetas, de las que 13,5 millones corresponden a Urdangarín (más de 2.500 millones de pesetas) y 2.697.150 millones de euros (casi 450 millones de pesetas) a la infanta Cristina.
De la fianza de 13,5 millones a Urdangarín, 6,2 milllones corresponden a las distintas partidas indemnizatorias y casi 5 millones de euros son de multas. A esto hay que sumarle el tercio previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el caso de la infanta, la fianza tiene correlación con la multa de 1.092.031 euros (el séxtuplo de la cuota defraudada) por uno por uno de los delitos contra la Hacienda Pública, y otra de 930.830,88 € (el séxtuplo de la cuota defraudada), por el otro delito contra el fisco. Sumadas ambas cantidades más un tercio de la suma de las mismas, se obtienen los 2.697.150 euros que el magistrado fija para la hija del Rey.
Los abogados de la Infanta Cristina presentaron un nuevo recurso el viernes en el Juzgado de Instrucción, contra la «absolutamente desproporcionada e injustificada» fianza impuesta a la hermana menor del Rey de casi 2,7 millones de euros, y pidieron al juez José Castro dejarla sin efecto.
En el escrito, los letrados Miquel Roca y Jesús María Silva sostienen que no procede «la adopción de medida cautelar alguna» y, por tanto, tampoco el pago de una fianza, ya que ni el fiscal anticorrupción del caso –Pedro Horrach– ni la acusación particular en el caso Nóos –la abogacía del Estado– pidieron llevar a la Infanta a juicio, y creen que la acusación popular –Manos Limpias– no tiene legitimidad para hacerlo.
En todo caso, defienden que la fianza debería limitarse «a la probable responsabilidad civil y a las costas procesales pero no a garantizar las posibles penas de multa». CONFILEGAL/EP.
