Pocos jueces en la Justicia española han tocado tantos palos como Fernando de Rosa. Ha sido juez decano de Valencia, consejero de Justicia de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su experiencia de gestión es de las más completas y exitosas. Afirma que la solución para la justicia está en la tecnología, incluyendo macroprocesos.
TEXTO E IMÁGENES: CARLOS BERBELL / YOLANDA RODRÍGUEZ
De Rosa regresó, hace un año, a la judicatura, como magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia. No se ha desvanecido. Su impronta sigue sintiéndose, como lo prueba el “Premio Mérito Social a la Justicia” que el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España le ha otorgado por su labor en pro de la justicia.
¿El premio de los Graduados Sociales es consecuencia de…?
…mi trayectoria profesional. El pasado 1 de diciembre cumplí 30 años en la carrera judicial. Entré el 1 de diciembre de 1984 en la carrera. Mi trayectoria ha sido muy variada. He estado en juzgados de pueblo, he estado en Valencia. He sido decano de los jueces de Valencia. He estado en la Administración autonómica. He sido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ahora he vuelto a la Audiencia Provincial de Valencia. Los Graduados Sociales consideran que es una carrera muy completa. He estado toreando, en la barrera, de ganadero (risas)…
¿Cómo ha sido este año después de 15 años trabajando en el campo de la gestión?
Magnífico. Tengo unos compañeros de Sección muy buenos que me han ayudado. Lo mejor era empezar directamente. Enseguida me puse a trabajar. Nada más entrar tuve que hacer un juicio con jurado. Hice mis ponencias. Me reencontré con mi vocación. Con lo que siempre quise ser. No necesité, ni solicité ningún tiempo de adaptación. Fue algo natural.
Ahora ejerce de magistrado en la Audiencia Provincial, en el Palacio de la Justicia de Valencia, que usted inauguró. Supongo que habrá hecho balance de su experiencia política a la hora de volver a la Justicia. Por ejemplo, se hicieron cosas y ese edificio es buena prueba de ello.
La Ciudad de la Justicia de Valencia ha sido uno de los emblemas de la modernidad de la Administración de Justicia. Hoy en día hay edificios más modernos, como el de Málaga o el de Barcelona, pero éste supuso un hito importante. Un espejo en que se han mirado muchos.
Creo que con su carencias, porque es un edifico muy grande, es cómodo, bien estructurado y muy bien pensado para el trabajo de los magistrados.
¿Cuántos magistrados son en la Comunidad Valenciana?
Superamos los 500.
En las últimas elecciones a las Salas de Gobierno no votaron ni la cuarta parte ¿A qué cree que se debió?
En Valencia hubo muy buena participación y en la Ciudad de la Justicia votó más del 50 por ciento. Los jueces no somos algo extraño en la sociedad y el desencanto también nos afecta. La Sala de Gobierno no deja de ser un sistema participativo y creo que el desencanto que existe en la sociedad también se refleja en los jueces. No obstante, en algunos lugares en los que los compañeros gozaban de más carisma la gente ha participado más.
En los últimos días ha habido una nueva imputación contra Francisco Camps, en este caso por la Fórmula 1. ¿Las noticias continuas sobre la corrupción afectan al sistema democrático y a la propia justicia?
Los ciudadanos confían en la Justicia. Está cumpliendo con lo que se espera de ella, que es investigar los asuntos y llegar hasta el final. Esto debe animar más que desanimar. Si la gente percibiera que hay gente intocable, que hagan lo que hagan no van responder ante los jueces, eso sí crearía desánimo. Pero eso no está ocurriendo. A las pruebas me remito.
Durante 5 años estuvo al frente de la Comisión de Modernización del CGPJ y ha podido conocer muy bien las tripas de la Administración de Justicia como pocos. El ministro de Justicia anunció recientemente una serie de medidas para acabar con los macroprocesos. ¿Se puede acabar con los macroprocesos, o, al menos, se pueden agilizar?
Es muy difícil acabar con los macroprocesos. La realidad impone que hay procesos muy complejos y muy complicados. La única manera de agilizar los macroprocesos es con la tecnología. La posibilidad de acortar los plazos por medios telemáticos, de utilizar mecanismos digitales para la grabación de las declaraciones, o que los recursos pueden llegar inmediatamente a la mesa de aquellos que deban responder, eso es lo que debe potenciarse. Hay que hacer una apuesta tecnológica importante.
¿Cómo se le puede decir a un juez que no puede seguir abriendo y ampliando un asunto sin parar?
Eso no se le puede decir a un juez. Al juez no se le puede decir cómo debe instruir. A veces hay que abrir muchas piezas porque se hacen ingobernables los sumarios. Esto también es por trabajar con tanto papel. La gente debe entender que estar trabajando con 400.000 o 500.000 o un millón de folios no es normal. Se debería trabajar por vías telemáticas, como ocurre en Hacienda, o en Sanidad. Ahora todos los hospitales están conectados y es fácil que cuando acudas al médico tengan en pantalla todo tu historial clínico. Aspiro a que en un momento dado el juez pueda disponer en una pantalla todo aquello que se está analizando.
¿Se puede limitar una instrucción a seis meses, con un máximo de quince meses?
No creo que se pueda limitar a seis meses o a doce meses una instrucción. Durará lo que deba durar. Se deben evitar son las tardanzas innecesarias, apostar por una mayor unidad internacional en materia de justicia que reduzca la comisiones rogatorias, los exhortos, el nombrar peritos especiales… Lo primero de todo es identificar dónde está el cuello de botella que hace que un proceso se dilate tanto en el tiempo. Hay que tomar casos concretos, analizarlos y encontrar soluciones prácticas.
La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional están llevando a cabo pre-instrucciones, como por ejemplo en el caso del partido de fútbol Levante–Zaragoza. Una vez que investigaron el caso presentaron la consiguiente querella ante el juez. Y volvió a comenzar la historia. ¿No cree que muchos de los males que estamos viendo en la justicia se deben a esta indefinición sobre quién instruye y quién no instruye, a este solapamiento que existe?
Esa batalla ha ido evolucionando. Yo he sido juez de instrucción muchos años pero creo que, como ocurre en todos los países de nuestro entorno, la instrucción la debe tener el fiscal. Es el que tiene que presentar las diligencias, las pruebas y quien debe iniciar el procedimiento. Tiene que haber un juez de garantías para que se respetan todos los derechos en el procedimiento.
Hoy en día se puede dar la circunstancia que una persona tenga que responder hasta cuatro veces sobre unos mismos hechos: ante la policía, ante el fiscal, ante el juez de instrucción y luego en el juicio.
Nuestro proceso penal es un proceso muy garantista, fruto de muchos años en los que la justicia era el último bastión para garantizar los derechos y libertades en España. Pero ahora la democracia está perfectamente consolidada y es el momento de darle la instrucción al fiscal. Es el momento de que todo lo que la policía investigue lo realice al servicio de la fiscalía y después sea la fiscalía quién decida pasarlo a juicio oral como ocurre en otros muchos países de nuestro entorno.
¿Qué opina de que tengamos, por primera vez en la historia, una mujer fiscal?
Me gustaría que cuando una mujer ocupe un cargo de relevancia ya no fuera novedad. Creo en la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Somos iguales, lo que pasa es que falla la igualdad de oportunidades. Me parece estupendo. Además, la nueva fiscal general del Estado tiene un curriculum impecable y se la nombra por ello, no porque sea mujer.
En relación a la Oficina Judicial, nos gustaría escuchar su opinión sobre la figura del secretario judicial como centro de ese departamento. Sin embargo, los secretarios judiciales no tienen ni idea de contabilidad, de organización de recursos humanos, de eficiencia administrativa, de informática… Poseen lo que se les ha pedido en la oposición: una formación jurídica. ¿Cree usted que son los más adecuados para llevar una oficina judicial?
La figura del secretario judicial era la gran desaprovechada en la Administración de Justicia. Desde el primer momento se les consideraba el jefe de personal. La ley dice que ellos son los responsables de la gestión del Juzgado y, en última instancia, era el juez, que tampoco dispone de esos conocimientos. Es verdad que a los secretarios judiciales tendría dárseles un plus de formación en estas materias de organización, gestión, recursos humanos…
¿Revisar incluso la oposición?
¿Por qué no?
Ha pasado un año desde la salida del Consejo General del Poder Judicial suponemos que habrá hecho balance personal de todo aquel periodo…
Fueron cinco años muy complejos. Todos los consejos tiene su complejidad y por eso no dejo de tener grandes recuerdos. Creo que intentamos trabajar en beneficio de la justicia y eso es algo que se lo reconozco a mis compañeros.
El presidente Carlos Dívar al final de todo fue multado con 3.500 euros por parte del Tribunal de Cuentas ¿Fue aquello una especie de parto de los montes?
Para mi Carlos Dívar fue un presidente entrañable. Le tenía un gran cariño. Luego ocurrió lo que ocurrió y él se marchó por responsabilidad. En las conversaciones que mantuve con él me dijo que se iba para no perjudicar al Poder Judicial. Fue una decisión que le honra y que yo respeto absolutamente.
¿No le dejó aquello un sabor amargo en la boca?
Los medios pusieron sobre la mesa una problemática. Quien ocupa un cargo público debe saber que la transparencia debe ser absoluta y luego, ante cualquier duda, tiene que tener la altura de miras para saber si su acción está perjudicando al órgano en el que está. Yo aprendí mucho en esos días que hablé con Carlos Dívar de que la justicia debe ser impoluta y si existe algún problema se debe hacer una reflexión personal.
¿Ha sido el Consejo uno de los órganos más complicados en los que ha trabajado?
Sí. Éramos 19 vocales, un vicepresidente y un presidente, en los que no había jerarquía y en donde el trabajo era muy voluntarista. Con esos mimbres era difícil obtener resultados óptimos. Fue el sistema que ha querido el constituyente. Ahora, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no todos los vocales tienen dedicación exclusiva. Así y todo, opino que se debería reducir el número de vocales.
¿Cuántos propone?
Como máximo tiene que haber diez, a tiempo completo.
El sistema actual de cinco con dedicación exclusiva y quince que no tienen esa exclusividad provoca mucha insatisfacción en estos últimos. Quizá este sistema en desigualdad no sea el más indicado..
No lo conozco. Es el que ha elegido el legislador. Pero sí puedo decir que de mi experiencia de cinco años en el Consejo, con diez miembros que se hubieran reunido semanalmente hubiera sido una buena solución. Y todavía lo es.
¿Mantendría la forma de elección de los vocales como ahora mismo, por elección del Parlamento, u opina como la Asociación Profesional de la Magitratura, su asociación, que propugna que los 12 miembros de procedencia judicial los elijan sus pares, los propios jueces?
En el pasado había sido partidario de una elección por parte de los jueces. He ido cambiando mi posición y ahora creo que se debería mantener la elección de los vocales por parte de las Cámaras. El acceso a través del Congreso y del Senado no es peyorativo. Que te designe tal o cual partido no significa que seas una correa de transmisión de ese partido. En Estados Unidos, John Kennedy nombró Fiscal General del Estado a su hermano y no pasó nada. También allí las Cámaras nombran a los miembros del Supremo con unos exámenes durísimos. Una elección exclusiva por parte de los jueces nos haría caer en un excesivo corporativismo.
Existen dos velocidades, los tiempos de la justicia que son largos y la inmediatez de los medios de comunicación. ¿Existe alguna solución para eso?
Estamos en una sociedad democrática donde la opinión pública juega un papel muy importante. Los medios de comunicación son notarios, plasman un realidad de la que se entera la opinión pública. Lo que se debería hacer es formar a esa opinión pública y explicar lo que es un procedimiento penal, por ejemplo.
Nadie está explicando lo que es un procedimiento penal, nadie está explicando lo que es una imputación, nadie está explicando lo que es un juicio oral, por qué surgen los aforamientos –algo que yo eliminaría absolutamente-.
La opinión pública está informándose de una realidad para la que necesita un conocimiento previo. En los colegios se debería impartir una asignatura sobre la Constitución y derechos fundamentales. Muchas veces la crítica viene porque la gente no entiende por qué se tarda tanto. No entienden lo de las medidas cautelares, o algunas decisiones judiciales, y eso hay que explicarlo.
Es como si a mí me vienen a comentar detalles de una operación a corazón abierto. Sin un conocimiento previo, no lo puedo entender.
¿Falta el plus de divulgación?
Evidentemente. Hay que contar historias de la Justicia, el porqué surgen las cosas. De dónde hemos venido, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hay que explicar por qué la Constitución es una garantía, por qué las leyes tienen que regular los derechos fundamentales, por qué un procedimiento tiene diversas fases, por qué el Constitucional puede diferir de lo que dice el Supremo.
Creo que existe mucha falta de información y divulgación sobre lo que es la Administración de Justicia. Vivimos en una sociedad de garantías y eso lo deben conocer los ciudadanos.
Estamos a punto de terminar una legislatura que ha sido convulsa ¿Desde su punto de vista, es una legislatura fallida?
Lo que hemos tenido es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Echo en falta haber conseguido una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se va a modificar el Código Penal en algunos elementos. Leyes tan importantes como estas se deberían presentar el primer año de legislatura no en el último. Si no se aprueban en esta legislatura se va a tener que comenzar de cero.
El PSOE elaboró, durante su último mandato al frente del Gobierno, un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El PP también tenía el suyo. ¿Cree que en la próxima legislatura será posible sacar adelante alguno de estos proyectos en los primeros años?
Los primeros años de Legislatura son los que determinan la impronta. En materia de justicia todo lo que no se hace en los primeros años se complica. Confío en que haya consensos en esta materia, en que se dejen a un lado las controversias políticas y que el Parlamento que surja en 2015 sea un Parlamento sensible en materia de Justicia.
¿Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sería un buen acelerante para la Justicia?
Evidentemente. Casi toda la información que recibe hoy en día la sociedad es penal. Se reducirían muchas demoras, se mejorarían las estructuras, se agilizaría el proceso a través de las nuevas tecnologías. Se han hecho reformas puntuales, pero no se ha hecho ninguna reforma del procedimiento, de cómo se tramita. Es algo que falta.
¿Las tasas, sí o no?
Siempre he dicho que a mi las tasas no me parecían un copago sino un repago. Los ciudadanos ya están pagando por la justicia. Es bueno lo que ha hecho el ministro al afirmar que las va a reconsiderar.
¿Habría que suprimirlas?
Antes había tasas a las grandes empresas y funcionaban muy bien. Habría que darles una nueva dimensión a las tasas y reducirlas.
