El juez José Castro decidirá este viernes si admite o no el recurso de apelación planteado por la defensa de la Infanta Cristina contra el auto que dictó el pasado 22 de diciembre, en el que abría proceso contra la hermana del Rey por dos presuntos delitos fiscales. De no ser admitido la Infanta se sentará en el banquillo.
El juez Castro decidió en diciembre que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debería sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.
Para el instructor la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido.
Sin embargo, la defensa de la Infanta Cristina, encabezada por los abogados Miguel Roca y Jesús María Silva, ha solicitado a través de un recurso que a la Infanta se le aplique la doctrina Botín lo que impediría que se sentase en el banquillo de los acusados. Es decir, evitaría sufrir la denominada “pena de banquillo”. Sobre esto decidirá el juez Castro esta semana. En principio, la vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma.
La pena de banquillo
Es aquella que se produce todos los días en los tribunales de justicia. Así, el acusado o imputado de un delito, cuando acude a un juicio permanece sentado en un banquillo donde escucha todas las pruebas y testimonios que existen contra él. Y es que cualquier persona acusada de un delito tiene el derecho y el deber de escuchar de qué se le acusa, por qué se le acusa y quienes le acusan. Y eso lo hace sentado en un banco o en una silla, dando sentido a la expresión «Pena de banquillo».
No son pocos los que ven la pena de banquillo como un agravio. Y es que ser sometido a un proceso judicial supone, muchas veces, un estigma social, incluso en el supuesto de que el acusado sea declarado inocente. Ya que en la mayoría de las ocasiones es imposible la reparación moral. Por eso, los abogados de la Infanta inciden en que su defendida no pase por esta “pena de banquillo”. Ahora, como no puede ser de otra forma, la última palabra la tiene el juez Castro.
